Representantes de la Fiscalía de Guatemala recaudan información en Panamá sobre cuentas bancarias del presidente de Guatemala Alfonso Antonio Portillo, informó ayer el Procurador de la Nación, José Antonio Sossa.
Indicó que Panamá solamente brinda asistencia a las autoridades guatemaltecas y en su momento ellos darán a conocer los detalles de la investigación. "Nos reunimos con la fiscalía para compartir información y ellos cuando consideren oportuno el momento la darán a conocer", acotó.
El funcionario judicial en cuestión es Jovito Méndez, quien se encuentra en Panamá participando del VII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero.
Sossa sostuvo que se reunió en la mañana de ayer con Méndez y compartió con él lo adelantado de la investigación en Panamá, señalando que corresponde a una asistencia al gobierno guatemalteco.
En Panamá, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia declaró viable un exhorto de la Fiscalía Anticorrupción de Guatemala para levantar el secreto bancario de las cuentas bancarias del presidente de Guatemala, Alfonso Antonio Portillo, su secretario privado Julio César Girón y del vicepresidente Juan Francisco Reyes López.
Los magistrados Adán Arnulfo Arjona, César Pereira Burgos y José Troyano accedieron a la petición elevada por la fiscal Anticorrupción de Guatemala, Karen Marie Fisher para levantar el secreto bancario al presidente Portillo y al vicepresidente Reyes López, dentro de la investigación que se adelanta en su país por los delitos de corrupción de funcionarios públicos.
Para agilizar la práctica de estas pruebas la Corte remitió al Ministerio Público la documentación de las cuentas y bancos para que sea asignado a un fiscal para realizar las investigaciones para determinar un posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios involucrados.
Por otra parte, el Procurador de la Nación reiteró la necesidad de que el Ministerio Público retome la facultad y capacidad real de dirigir el brazo investigador que es la Policía Técnica Judicial (PTJ).
"La afectación de esta capacidad nos perjudica, además se dictó una ley de reglamentación de las declaraciones patrimoniales que ha interpretado la Corte Suprema de Justicia donde se le quita la competencia de investigar delitos de corrupción serios", declaró.
Puntualizó que se han anulado varias investigaciones que desarrollaba el Ministerio Público e incluso el requisito de las pruebas sumarias hace prácticamente imposible las investigaciones de enriquecimiento ilícito de funcionarios. "Es una ley que propicia la impunidad, según la interpretación que se ha dado", sustentó Sossa.
