Los problemas de mora judicial y violencia doméstica en Panamá, denunciados el pasado miércoles en el Informe de Derechos Humanos de Washington, son conocidos por las autoridades panameñas.
En el discurso presentado en diciembre de 2008, sobre la situación de los Derechos Humanos en Panamá, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, expresó que de los 10,900 privados de libertad que permanecen en las cárceles panameñas, sólo el 41% tiene condena y "el resto está a la espera que sus casos sean atendidos algún día".
Otro documento de la misma entidad revela que la aplicación "descomedida" de detenciones preventivas y la falta de ejecución de leyes penitenciarias generan crisis permanentes en el sistema carcelario, entre ellos, el hacinamiento, violación del derecho a la salud, a la integridad personal y la mora judicial.
A principios del 2008, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la persistencia de la mora judicial y entre las recomendaciones hechas estuvo el mayor uso del brazalete electrónico para los privados de libertad.
A principios de febrero, la Dirección de Protección de los Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo también reveló -luego de una investigación- que el 70 % de los casos que se tratan a diario en las corregidurías de Colón, San Miguelito y Tocumen son por violencia doméstica.
Dayanara Salazar, encargada de esta investigación, dijo que no sólo deben usarse boletas de alejamiento sino medidas de protección en albergues para las víctimas.
