Al respecto, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que el informe del Departamento de Estado es un balance anual que hace Estados Unidos sobre el tema en diversos países.
Por ello, descartó que el documento tenga relación con lo que acontece actualmente en el país.
"Esos informes son previos", declaró Castillo a Panamá América, al considerar que el problema que tiene el periodista local es la denuncia de calumnia e injuria en su contra, además que en el país "hay también informes elaborados por organismos de derechos humanos que hablan de estos problemas".
"Creo que es una de las cosas que hay que reformar en Panamá.. Mejorar todo lo que es la regulación sobre el tema de la libertad de expresión y no confundir el derecho a la intimidad con el derecho a la información que tenemos los ciudadanos", dijo Castillo.
El militar juramentó entonces el 1 de septiembre de 1989 como presidente a Francisco Rodríguez, actual asesor gubernamental, en reemplazo de Manuel Solís Palma, quien también asesora al presente gobierno.
Endara, Arias Calderón y Ford se juramentaron en una base militar estadounidense en las riberas del Canal de Panamá horas antes de la invasión norteamericana.
El 27 de diciembre de 1989, después de la invasión, el Tribunal Electoral derogó el decreto que anuló las elecciones y proclamó presidente a Endara.
El documento sustenta que como la invasión no fue un conflicto entre Estados, EE.UU. no estaba obligado a poner en práctica la Convención de Ginebra, una serie de tratados internacionales firmados entre 1864 y 1949, para minimizar los efectos de la guerra en los soldados y civiles.
Jay S. Bybee sostiene que a pesar de esto, Estados Unidos decidió darle a los prisioneros de la invasión el tratamiento establecido en la Convención III de Ginebra hasta que se definiera su estatus legal.
La Convención III obliga a las partes en guerra a respetar la vida de los que no participen del conflicto, incluyendo a los soldados; no atentar contra la vida de los heridos o rendidos, no ultrajar la dignidad personal, no aplicar condenas que no provengan de un tribunal legítimo y permitir la intervención de la Cruz Roja.
Bybee advierte que Estados Unidos accedió a concederle el trato de prisioneros de guerra a los detenidos atendiendo "fuertes consideraciones políticas" y no necesariamente porque estuviera obligado por ley.
Las reacciones sobre este informe no se hicieron esperar, y todas coincidieron en que la invasión militar de 1989 era inevitable.
El asesor del ex presidente Endara, Menalco Solís afirmó que el informe es "inexacto", pues Endara se oponía a la invasión.
Solís, hablando a nombre de Endara, dijo que el ex presidente tomó posesión del mando después de la invasión y no antes, por lo que mal podía Estados Unidos reconocerlo como presidente legítimo del país.
El ex segundo vicepresidente, durante la administración de Endara, Guillermo "Billy" Ford fue categórico al señalar que la invasión fue decisión "exclusiva" de Estados Unidos.
Aseguró que se trata de una "patraña" y de la "mentira más grande que se ha querido decir". "Le doy mi palabra de honor de que eso es una gran falsedad", insistió.
"Ni Endara ni Arias Calderón ni yo, solicitamos la invasión a Panamá.. esa es una gran falsedad y se convierte en la mentira más grande que se ha querido decir, por parte de grupos que querían hacer daño a Panamá, por ello exijo que se aclare la verdad", dijo Ford.
"Me gustaría que quienes presentan este informe hicieran contacto con nosotros para desmentirlos públicamente.. se trata de información falsa y te doy mi palabra de honor de que es falso y lo puedo demostrar en el terreno que quieran", sostuvo.
Por su parte, el ex primer vicepresidente de Endara, Ricardo Arias Calderón igualmente rechazó las afirmaciones del informe de los Archivos Nacionales de Seguridad de Estados Unidos.
"Es completamente falso.. nadie pidió la invasión", dijo Arias Calderón. A su juicio se trata de una "mala información".
Para el ex cercano colaborador del general Noriega, Mario Rognoni, la invasión se daría aunque nadie la pidiera, pues el interés principal era destruir las Fuerzas de Defensas y sacar a Noriega del país.
En tanto, el abogado internacionalista, Julio Berríos precisó que este informe no es más que una estrategia de Estados Unidos para "sacudirse" de los compromisos que debe enfrentar producto de esta acción.
"No hay que olvidar que los estadounidenses cometieron muchos excesos durante la invasión", recordó el jurista.
