Los actos de corrupción, el uso excesivo de la fuerza de parte de la Policía Nacional y la presunta manipulación política del sistema judicial son las más graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Panamá, según el informe que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El informe hace referencia a hechos ocurridos en el año 2010, criticando de primera mano la actuación de la Policía Nacional durante las protestas que se originaron en julio de 2010, en rechazo a la Ley 30 que se realizaron en Changuinola, Bocas del Toro.
La lista de violaciones incluye la presión política sobre los medios de comunicación, la corrupción en el Ejecutivo y poder legislativo, así como también la violencia contra la mujer, la trata de personas y la marginación de los pueblos indígenas.
Aunque no se cometió ningún asesinato por motivos políticos, el reporte destacó la muerte de Antonio Smith y Fernán Castillo, quienes fallecieron en Changuinola durante las protestas en contra de la “Ley Chorizo”.
Contrario al presidente panameño, Ricardo Martinelli, que calificó de “cobardes” a los integrantes de la comisión designada por el Ejecutivo para investigar los hechos ocurridos en Changuinola, Estados Unidos, de cierto modo, avala los resultados, al incluir en su informe las conclusiones de dicha comisión.
Por otro lado, hace énfasis en las supuesta manipulación política de la administración de justicia, destacando la salida de la ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.
Según el informe, las prácticas corruptas de los funcionarios sigue siendo un problema en los órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en las fuerzas de seguridad del país.
Este último caso provocó choques entre la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, y el titular de Seguridad, José Raúl Mulino, tras una reyerta en la cárcel La Joyita, en donde salieron a relucir armas de fuego.
Actos públicos.
El sistema de compra del Gobierno también ocupó un renglón del reporte, que cuestionó las constantes contrataciones directas que en el 2010 totalizaron mil 300 por aproximadamente mil millones de dólares.
Para el analista político Jaime Porcel, el informe de Estados Unidos se basa en opiniones recogidas en los medios de comunicación que rayan en la intervención de asuntos internos de Panamá, levantándose como una especie de “policía hemisférico”.
Sin descalificar los hechos señalados por el informe, Porcel cuestionó que Estados Unidos hace críticas señalando violaciones, sin presentar pruebas, como el caso de las denuncias de corrupción.
No obstante, reconoció que el documento termina siendo un aval para la comisión que investigó los hechos de Changuinola, un evento que espera haya dejado una lección a los gobernantes novatos.
