Los siguientes son los aspectos principales del informe país por país sobre el estado de la libertad de prensa en las Américas, presentado ayer ante el comité respectivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
Panamá: Fue detenido el director del diario El Siglo.
Argentina: Los diarios regionales El Liberal de Santiago del Estero, La Gaceta de Tucumán y La Voz del Interior de Córdoba "fueron víctimas de violencia, discriminación de publicidad oficial y vieron entorpecida su circulación" a raíz de "las denuncias periodísticas" que realizaron.
Bolivia: Las recientes convulsiones sociales afectaron el suministro de insumos y la circulación de los diarios. Varios periodistas sufrieron agresiones.
Brasil: El Senado discute una llamada "ley mordaza" que prohíbe a funcionarios públicos, policías, miembros del poder judicial y otros suministrar informaciones a la prensa.
Chile: Una enmienda presentada por el gobierno a una ley de prensa en discusión en el congreso elimina la facultad de los jueces de prohibir informar sobre juicios y elimina la figura del desacato.
Colombia: Sigue la violencia contra periodistas y medios. Asesinatos, secuestros y exilio ensombrecieron la labor de la prensa. En los últimos seis meses, dos periodistas fueron asesinados, 17 sufrieron violencia, cinco salieron del país por amenazas y cuatro han sido secuestrados.
Se pretende regular el periodismo con definiciones peligrosas como la de que "el periodismo implica un riesgo social".
Costa Rica: La legislación y los fallos judiciales son la mayor amenaza a la libertad de prensa. Varias sentencias contemplaron cárcel y multas.
Cuba: El gobierno sigue con la "línea dura de control sobre la prensa independiente y extranjera, y ha intensificado la utilización de los medios oficiales como arma de propaganda política". Tres periodistas siguen presos.
Ecuador: Se discute un proyecto que prohíbe a quienes dirigen o son propietarios de empresas que prestan servicios públicos, ser propietarios de bancos o medios de comunicación. Otro proyecto exige presentación de noticias en idioma quechua.
El Salvador: Varios medios protestaron porque el gobierno ordenó a emisoras privadas transmitir mensajes del presidente Francisco Flores. Persisten las restricciones a los periodistas en la Casa Presidencial para acceder al mandatario.
Guatemala: Un reportero gráfico fue asesinado en abril y otros tres resultaron heridos. Un proyecto de ley sobre "Secretos Oficiales" busca conceder a los funcionarios discrecionalidad para decidir qué pueden dar a conocer o mantener como secreto.
Haití: Un periodista fue asesinado en abril y su viuda denunció constantes amenazas. Estaciones de radio, televisión y periodistas que denuncian el narcotráfico, la corrupción administrativa han sido víctimas de violencia.
Honduras: Una reportera fue requerida judicialmente por difundir párrafos de un informe sobre derechos humanos que supuestamente revela corrupción en el Poder Judicial.
México: Tres periodistas fueron asesinados, un dueño de diarios fue secuestrado y un comentarista sufrió un atentado. Surgieron demandas, apoyadas por los partidos más importantes, para dictar una ley para limitar "el excesivo poder y libertad de los medios".
Nicaragua: Persisten las presiones oficiales sobre la prensa a través de impuestos y discriminación en publicidad.
Paraguay: Un periodista fue asesinado y durante el intento de golpe de estado varios fueron detenidos.
Perú: Medios y periodistas fueron amenazados y presionados por sectores de gobierno y servicio de inteligencia. Son frecuentes las presiones financieras y tributarias a la prensa.
Puerto Rico: Nueve periodistas detenidos cubriendo las protestas contra la marina norteamericana en Vieques.
Estados Unidos: Intento por censurar programas de carácter sexual en la televisión por cable fue impedido por la Corte Suprema.
Rep. Dominicana: Condenados a prisión cuatro asesinos de un periodista.
Uruguay: Canillitas impidieron la circulación del diario El País, y se investiga un supuesto otorgamiento arbitrario de publicidad oficial.
Venezuela: Amenazas y ataques verbales a los medios y periodistas desde los más altos niveles del gobierno.
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