El fiscal segundo superior de Chiriquí, Fernando Gutiérrez, advirtió que sería un delito que el Gobierno inicie la construcción del camino ecológico Boquete-Cerro Punta sin que se haya aprobado antes el Estudio de Impacto Ambiental. Afirmó que es “verdaderamente alarmante” el hecho de que ya haya maquinaria en el lugar para iniciar la obra, lo que califico como “peligroso”.
“Este despacho abrirá una investigación inmediatamente para exigir respuesta penal por parte de compañías, de los ejecutivos de esas compañías y de las personas que manejan el equipo, si entraran al Parque Nacional Volcán Barú, sin el Estudio de Impacto Ambiental”, sostuvo el fiscal.
Consideró que esto se da en virtud de que está vigente el ordenal segundo del artículo 99 de la Ley 1 de 1994, que prohibe el movimiento mecanizado de tierras dentro de las áreas protegidas.
Gutiérrez fue enfático al señalar que si se llega a violar esa disposición el Ministerio Público procederá penalmente contra quienes resulten responsables.
No obstante, aclaró que si la ANAM autoriza el proyecto, definitivamente no quedaría otra opción que dejarlos trabajar, pues ello garantizaría que se comprobó la preservación de todos los recursos.
Por otra parte, los miembros de las organizaciones ambientalistas mostraron su total desacuerdo con las declaraciones de la mandataria Mireya Moscoso de que las personas que se oponen a esta construcción no residen en el área.
Afirmaron que el Santuario de Vida de los Quetzales se encuentra en un 90% dentro del distrito de Boquete y que las personas que están en contra de la construcción, son moradores nacidos en Boquete y en Cerro Punta.
En tanto, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Quirós, dijo que ya existen los B/.4.4 millones para la construcción de la obra y que ésta cuenta con la mayoría de los permisos para realizarse. Agregó que tiene una carta con 300 firmas de moradores del área pidiendo la carretera.