A pesar de que el Gobierno anunció, inicialmente, que el centro penal de Punta Coco sería temporal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nunca contó con información sobre el tiempo que demoraría esta medida, teniendo en cuenta que la instalación no depende del Sistema Penitenciario.
Tras el traslado de dos reos a esta cárcel insular, el presidente Juan Carlos Varela afirmó que el penal continuará funcionando para aquellos que atenten contra inocentes.
Lo que también se desconoce es si el Gobierno cumplió con las observaciones que realizara la CIDH con respecto a Punta Coco, en febrero de 2016.
Las denuncias puntuales sobre la cárcel son que no cuenta con agua potable, además no tiene personal médico permanente y las visitas dependen de los "militares" y no de autoridades administrativas.
El relator del organismo, Juan Méndez, indicó que durante las visitas, los detenidos estaban con grilletes en las manos y pies.
También se percató de que las celdas no tenían luz eléctrica ni ventilación adecuada, lo que es "un trato inhumano y degradante".
