La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó a conocer ayer una acusación contra el Estado panameño por el despido de 270 trabajadores, en 1990, medida con la cual supuestamente violó varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En la sesión, en su sede en San José, desfilaron testigos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el primero de ellos Ramón Lima, viceministro de Gobierno y Justicia cuando sucedieron estos hechos, y José Mauad, gerente general del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) en ese entonces.
Otros testigos interrogados fueron Nilsa Chung, jueza penal, y Rogelio Cruz, procurador general de la República también cuando fueron despedidos estos empleados, que trabajaban en el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
El proceso continuará hoy, con otros testigos, presentados por el Estado panameño, y entre quienes figuran el expresidente Guillermo Endara (1989-94) y sus dos vicepresidentes, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, este último actual embajador en Washington.
El despido de este grupo de trabajadores se registró en diciembre de 1990, luego de que participaran en un paro de labores que coincidió con un intento de golpe de Estado promovido por el coronel Eduardo Herrera.
El exmilitar Herrera, quien estaba preso acusado de promover la colocación de bombas en ciudades panameñas, fue "liberado" ese 4 de diciembre de la prisión en que se encontraba, en la isla de Naos, aparentemente por leales suyos en las desmanteladas Fuerzas de Defensa de Panamá.
Lima declaró ante el alto tribunal regional que a raíz del intento de golpe de Estado y el movimiento de huelga, una protesta el 4 de diciembre y un paro de labores el día siguiente, el Gobierno elaboró un proyecto de ley para aplicarlo a estos trabajadores antes de que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa.
La aplicación retroactiva de esta norma, conocida como la Ley 25, está amparada en el artículo 43 de la Constitución Política que permite la retroactividad de las leyes por razones de orden público o interés social.
El exviceministro de Gobierno y Justicia admitió que, desde su aprobación en el Consejo de Ministros, el 5 de diciembre, se sabía que esta ley tenía "roces constitucionales" y violaba los derechos humanos, pero no fue cuestionada por las divisiones que se empezaban a asomar entre diversas fuerzas en la coalición de gobierno.
En este entonces el ministro de Gobierno y Justicia era Ricardo Arias Calderón, de la Democracia Cristiana, mientras que el presidente Endara pertenecía al Partido Arnulfista.
Mauad, por su parte, admitió que unos 25 empleados fueron despedidos del INTEL por ausencia el día 5 de diciembre.
José Arosemena, secretario general del Sindicato Nacional de la Industria Eléctrica, dijo a
