La Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa inició ayer el período de consultas para la discusión del proyecto de ley mediante el cual se eliminan las Juntas Regionales de Educación y se crea la Dirección Nacional de Recursos Humanos.
Gloria Young, presidenta de la Comisión de Educación, manifestó que a partir de la próxima semana, los legisladores se trasladarán a las provincias de Chiriquí y Colón, a fin de consultar a los gremios docentes de todo el país, así como a los funcionarios del sector para conocer su opinión con respecto a esta propuesta del Ejecutivo.
La intención es concluir con el período de consultas durante el receso legislativo, a fin de que en las primeras semanas del mes de marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias, se pueda dar el primer debate de este proyecto presentado por el Ejecutivo desde el pasado mes de diciembre.
Por medio del proyecto se crea la Dirección Nacional de Recursos Humanos que se encargará, entre otras cosas, del proceso de nombramientos y traslados de los docentes de todo el país, labor que hasta ahora realizan las Juntas Provinciales de Educación.
A través de este proyecto, las Juntas Provinciales existentes serían reemplazadas por tres Comisiones Regionales de Selección de Personal Docente, una de las cuales estaría ubicada en Chiriquí, otra en Chitré y una en Panamá.
José García, presidente de la Asociación de Profesores de la República, manifestó que hasta el momento este gremio ha tenido conversaciones muy positivas con la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, instancia que se comprometió a trasladarse a diferentes puntos del país a fin de escuchar de boca de los propios docentes y de parte de funcionarios del interior, su opinión con respecto a esta norma.
García dijo que la posición del gremio que él representa está bien clara con respecto a este proyecto, ya que en primer lugar consideran que se debe democratizar la escogencia de los padres de familia que participan en las comisiones, reglamentar el derecho de los educadores interinos que fueron afectados con la Ley 28 que creó las juntas provinciales y eliminar cualquier posibilidad de privatizar la educación.