Nación

Injerencia del Gobierno sería una usurpación de funciones

El testigo protegido en un supuesto acto de corrupción aseguró que recibió protección personal del Consejo de Seguridad Nacional. Procuradora asegura que el hecho de que exministro Papadimitriu no esté mencionado en los expedientes no significa que no vaya a estarlo.


  • 27 es la cantidad de personas que están siendo investigadas en tan solo uno de los 9 procesos del PAN.

Hay una completa injerencia por parte del poder Ejecutivo en la administración de justicia, así lo denunció la abogada Edna Ramos durante su intervención en el programa Debate Abierto en RPC Televisión.

A juicio de Ramos, existen indicios de que en el Ministerio Público se están recibiendo órdenes del Consejo de Seguridad, desde los tiempos en que la actual procuradora, Kenia Porcell, era la jefa de asesoría legal de la mencionada entidad, dependencia de la Presidencia de la República.

 

Para Ramos, se está ante la conducta de tipo penal de usurpación de funciones públicas y constituye uno de los cuatro numerales de la Constitución Política por los cuales puede ser juzgado un presidente.

Como manera de ejemplo, la abogada Edna Ramos dijo que una muestra de esta injerencia fueron las declaraciones del testigo protegido que dieron origen a las investigaciones por supuestos actos de corrupción en el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Panamá América tuvo acceso a la carta que el testigo protegido envió a la procuradora y a algunos medios televisivos, mediante la cual reconoce que tuvo protección del Consejo de Seguridad desde el 15 de noviembre de 2014 hasta el 28 de enero de este año.

 

Ramos se hizo eco de estos argumentos del testigo protegido y por esta razón sustenta el hecho de la posible comisión del delito de usurpación de funciones, en vista de que el Consejo de Seguridad es una institución que responde directamente al presidente de la República por mandato legal.

Justicia selectiva

Ramos, quien es abogada de Adolfo de Obarrio, dijo que en un mismo delito, las medidas cautelares se han impuesto de manera selectiva y en algunos casos no han sido llamadas las personas, pese a que las pruebas que han surgido las involucran en estos procesos.

 

Explicó la jurista que en el caso del informe de Contraloría sobre el caso de la comida deshidratada, se involucra a los miembros de la Junta Directiva del PAN, en que Jimmy Papadimitriu aparecía como integrante por haber sido ministro de la Presidencia, pero no ha sido llamado a declarar en esta investigación.

Formas del proceso

La procuradora Porcell asegura que “en el Ministerio Público se investiga a todos por igual”. Dijo que los fiscales no formulan cargos de manera antojadiza.

 

Aseguró que se llama a declarar a las personas luego de lo que surge en la recolección de pruebas.

“El hecho de que en estos momentos no esté (Papadimitriu) en el expediente no significa que no vaya a estarlo ni tampoco que tenga que estar”, dijo Porcell, al referirse a los cuestionamientos de la supuesta existencia de justicia selectiva.

Detalló que los fiscales toman sus decisiones con base en la forma que vaya tomando el proceso, en relación con la incorporación de las pruebas.

Jimmy Papadimitriu es considerado como el artífice del triunfo presidencial de Juan Carlos Varela y en estos momentos ha sido excluido de las investigaciones de los pinchazos telefónico y la comida deshidratada.

Descartan investigar supuesta extorsión contra Bosco Vallarino

El controversial video en el que aparece el exalcalde del distrito de Panamá Bosco Ricardo Vallarino no constituye una prueba dentro de la investigación que en estos momentos realiza la Fiscalía Auxiliar en la fase de sumarias de averiguaciones.

Así lo reveló la procuradora Kenia Porcell, lo que deja sin efecto las versiones sobre una posible comisión de delito de extorsión, como se había planteado en algunos medios de comunicación.

Lo que sí dijo la procuradora es que se están analizando los hechos que precedieron al video y las declaraciones que diera el exalcalde en un medio televisivo, en que reconoce haber recibido dinero de un empresario a cambio de que lo favoreciera con una concesión de estacionamientos.

Porcell reiteró que el video constituye una prueba que no se ajusta a los parámetros constitucionales y legales. Las normas establecen que la grabación de conversaciones debe ser autorizada por un tribunal.


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967130
Fecha y hora de publicación

101 años de Panamá América

 
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