El Ministerio de Gobierno y Justicia ordenó la cancelación de todos los servicios básicos de electricidad, agua y arrendamiento a la Comisión de la Verdad, mientras el Ministerio de Trabajo emitió una orden de cautelación de bienes y cuentas bancarias de esta dependencia.
En el primer caso, el Ministerio de Gobierno a través de la nota 034/05-DA, comunicó al presidente de la comisión, Alberto Almanza, que en el presupuesto para el año fiscal 2005 no están incorporados los fondos para esos gastos.
Entre tanto una Junta de Conciliación del Ministerio de Trabajo falló en favor de un ex empleado de la comisión, quien exige el pago de liquidación tras concluir sus labores.
Para Almanza estas situaciones son un claro mensaje de las intenciones del Gobierno de no continuar con las investigaciones que lleva adelante la comisión y mucho más pareciera una "confabulación" tras un día de que la OEA emplazó al Estado panameño a responder a la propuesta para la reparación económica y moral a los familiares de las víctimas de la dictadura.
Almanza aseguró que no han pedido al gobierno que les asigne un salario ni un presupuesto para la ONG, solamente que les dejen las instalaciones para ellos proseguir sus investigaciones ad-honorem.
