Inmunidad. Fuero. Privilegios. Son recursos legales de que echan mano cada vez más los políticos para cometer actos de corrupción y evitar pagar por ellos. No obstante, la población exige que se acabe con estas prerrogativas.
Tras las reformas constitucionales, aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa, el término de inmunidad desaparece del contexto constitucional. Para algunos estudiosos del tema, eso significa que se ha eliminado la inmunidad, pero otros sectores opinan lo contrario.
Según la nueva reforma, el artículo 149 de la Constitucional Nacional, quedará así: " Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera de autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia".
El presidente del Organo Legislativo, Jerry Wilson, destaca que con la reforma cambia totalmente el hecho de que el legislador, en general, era visto como "un ser supremo que podía cometer delitos y no se le podía investigar".
Con la reforma "el legislador deja de ser inmune penalmente", subrayó Wilson.
No obstante, el catedrático, Miguel Antonio Bernal refuta el punto de vista de Wilson y señala que la inmunidad sigue intacta para los legisladores.
Destacó que las reformas no cambian nada y el hecho de que recientemente los legisladores se archivaron 18 expedientes es una prueba de ello.
Para Bernal, los legisladores aprovecharán el cambio constitucional para hacer una nueva redacción del Reglamento Interno donde buscarán ampliar su inmunidad.
Por su parte, Cáritas de Panamá indicó que con los cambios constitucionales se ha querido endulzar las reformas con dos propuestas potencialmente buenas -reducir la sanción sin juicio previo en casos de desacato y limitar la inmunidad legislativa-, pero ambas medidas son insuficientes y vienen a un costo demasiado caro.
Sobre esta inmunidad legislativa, el político Carlos Guevara Mann comentó que la enmienda no solamente es "insuficiente" para democratizar la Constitución, sino que estas propuestas potencialmente positivas han sido incluidas "de manera incoherente, sin referencia a un plan organizado y sensato para afianzar el carácter democrático del Estado panameño".
El constitucionalista Humberto Ricord no cree que la inmunidad haya sido eliminada y asegura que el concepto aún se mantiene intacto dentro del orden constitucional panameño.
Si no se resuelve el problema de la impunidad y la inmunidad especialmente a políticos de alto rango, creo que cualquier esfuerzo de anticorrupción puede ser desligitimizado", advirtió Gerardo Berthin, experto anticorrupción, durante una visita en Panamá.
El también asesor en temas de gobernabilidad, advirtió que no está proponiendo entrar en un círculo perverso para tratar la impunidad de la inmunidad como una "cacería de bruja" de los políticos.
Para Berthin, inmunidad e impunidad son dos caras de la misma moneda en América Latina, donde la gente tiene la percepción de que hay dos clases de justicia, una para los pobres, que son inmediatamente procesados y otra para los poderosos, con vínculos políticos, que reciben un trato preferencial.
A juicio del experto, el tema de la inmunidad es muy delicado porque requiere de mucha voluntad política para acabar con este dilema y demostrar que nadie está por encima de la ley.
A juicio del experto, tiene que haber un "balance" en el tema de la inmunidad para que todo sospechoso de cometer un delito sea sometido al imperio de ley para determinar su culpabilidad o inocencia.
(ver ilustración en la página A2 del diario impreso)