El expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, no puede ser detenido por los cargos de malversación de fondos públicos, peculado y fraude que se le hacen en su país, porque mantiene la inmunidad que le otorga ser miembro del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), indicó el presidente del organismo, Rodrigo Samayoa.
Según el presidente del PARLACEN, hasta el momento este organismo no ha recibido ninguna solicitud de parte de la cancillería nicaragüense para el levantamiento de la inmunidad del citado parlamentario.
Indicó que el PARLACEN no fue constituido para "refugio de nadie", pero hay que reconocer que esta es una prerrogativa que tienen los miembros de este organismo y por lo tanto no se le puede detener sin previa autorización del pleno. El pleno del PARLACEN lo integran 130 miembros y en opinión de Samayoa bastaría con la mayoría simple, unos 65 votos para tomar una decisión al respecto.
No obstante, manifestó que en los once años de existencia del PARLACEN, no se le ha levantado la inmunidad a ninguno de sus miembros y el procedimiento no está muy claro.
En el caso que la solicitud llegue al PARLACEN, habría que analizarla y darle la oportunidad a Alemán de que se defienda por las acusaciones que se le hacen. Las declaraciones de Samayoa se dieron ayer en un acto celebrado en la Presidencia de la Asamblea Legislativa de Panamá, encuentro en el cual ambos parlamentos firmaron un acuerdo marco de Cooperación Interparlamentaria Recíproca en Materia de Relaciones Internacionales y Proceso de Integración.
Por otra parte, la vinculación de ciudadanos y sociedades panameñas en delito de sustracción de caudales públicos para beneficio personal, del cual se acusa al expresidente Alemán está totalmente documentado ya que existen documentos originales que lo comprueban indicó a El Panamá América, Jacinto Suáres Espinoza, miembro del Consejo Sandinista Nacional de Nicaragua.
El jefe de bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) dijo que hay entre 12 y 15 empresas constituidas con asesoría jurídica panameña que participaron en la operación donde compañías fantasmas donaban dinero a la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) que posteriormente era transferido a las cuentas personales de Alemán y el Partido Liberal Constitucionalista, para la campaña electoral.
En toda esta operación son notarios panameños y sociedades las que aparecen vinculadas, información que manejan las procuradurías de Panamá y Nicaragua sobre las transferencias bancarias de operaciones fraudulentas realizadas por Alemán durante su gobierno.
Las pruebas existentes explican cómo se sacó el dinero de las arcas de nicaragüenses y la forma en que se traslada a la presidencia quien lo transforma en dólares en casas de cambio y ésta, a su vez, los convierte y los transfiere a cuentas bancarias y sociedades anónimas en Panamá y después los regresaban a las cuentas personales de Alemán.
Para Suárez Espinoza quien además es presidente del grupo de izquierda del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Alemán no ha podido ser juzgado porque se encuentra atrincherado en su inmunidad como diputado a la Asamblea Nacional y el PARLACEN.
En este juicio hay cuatro solicitudes de desaforación que incluyen al ex presidente y su hija María Dolores Alemán que es diputada a la Asamblea Nacional.
En Nicaragua indica Suarez Espinoza, la opinión pública está interesada en que se juzgue a Alemán porque estos escándalos implican muchos millones de dólares, pero, en términos reales y legales, los sandinistas plantean que Alemán sea juzgado por tribunales nicaragüenses.
Lo más sano para la institucionalidad del país hubiese sido que Alemán renunciara a su inmunidad voluntariamente y se sometiera a los tribunales, pero al haberse atrincherado se ha tenido que recurrir a la desaforación.
El sandinista dijo que las autoridades panameñas han colaborado para la investigación en la banca de los movimientos de dineros, lo que ha facilitado la presentación de la documentación a las autoridades nicaragüenses, con lo cual no hubiese sido posible el presentar este caso que se está presentando como lavado de dinero, pese a que se considera de sustracción de caudales públicos trasladados a cuentas bancarias, que son figuras totalmente distintas.
