Un grupo de inquilinos del inmueble 1136, de las calles Séptima y Avenida Central, en el corregimiento de San Felipe, denunció que la empresa propiedad de Lincon García quien adquirió el edificio, ordenó sin previo aviso la remoción del techo, lo que ocasionó que con las lluvias caídas en los últimos días deterioraran el equipo y la maquinaria del local comercial de la familia Prieto.
Sonia de Prieto, propietaria del local comercial y que habita en el lugar desde hace 30 años, denunció que hasta el momento el representante legal de la empresa no se ha presentado a plantearles las alternativas, de cara a un posible desalojo.
Sin embargo, se pudo conocer que otros inquilinos del inmueble ya fueron desalojados y reubicados en el corregimiento de El Chorrillo, pero que actualmente mantienen problemas con la documentación requerida por el Ministerio de Vivienda para la adquisición de una solución habitacional.
Prieto informó que el inmueble fue vendido oficialmente en el mes de diciembre, pero que hasta el momento no se ha recibido una notificación certificada de que García, sea el nuevo propietario de la edificación.
Según la afectada las 16 familias que residían en el inmueble fueron trasladas sin ningún tipo de indemnización y que además las condiciones presentadas por los representantes de García no le favorecían para su negocio.
Manifestó que está anuente a llegar a un acuerdo "favorable" con el nuevo propietario del edificio, ubicado en la Avenida Central.
Para Prieto, este problema lo padecen más familias en el sector de San Felipe, ya que en reiteradas ocasiones las empresas que adquieren los inmuebles han desalojado a los inquilinos.
Mientras tanto, Graciela Peñaloza, funcionaria encargada de la Comisión de Vivienda de la Junta Comunal de San Felipe, se opuso a la decisión de la empresa de removerle el techo al inmueble y aclaró que el desalojo obedece a que los nuevos propietarios realizan trabajos de remodelación.
Advirtió que esta instancia de la Junta Comunal de San Felipe, solamente le brindó la ayuda establecida en la ley y a través del MIVI se ofreció la posibilidad de adquirir una nueva vivienda en el corregimiento de El Chorrillo.
De acuerdo a la funcionaria, la negativa de la familia Prieto de retirarse del inmueble obedeció a que en El Chorrillo no se les dio la facilidad de adquirir un nuevo local para reubicar su negocio.
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