El secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Leandro Avila, aseguró ayer que el Estado tendrá que pagar cerca de 5 a 6 millones de balboas anualmente a unos 42 mil funcionarios, si la Corte Suprema de Justicia ordena al Gobierno equiparar el salario mínimo para el sector oficial.
Avila sostuvo que luego que el Gobierno oficializara un nuevo salario mínimo en cerca de los 263 balboas, se ha seguido excluyendo a los trabajadores públicos del pago de ese dinero, a pesar de que hay más de 42 mil trabajadores ganando por debajo de ese monto.
Por esta situación, la FENASEP ya presentó ante la Corte un recurso de ilegalidad en el marco del decreto que fija un nuevo salario mínimo, para que se pronuncie en estricto derecho en base al artículo 61 de la Constitución y le conceda el salario mínimo a los trabajadores públicos.
Avila sostuvo que el Gobierno al pactar con los trabajadores y los empresarios, obliga a la patronal a fijar un salario mínimo para el sector privado, sin embargo, rehuye establecer un salario mínimo con el sector público.
"El artículo 61 de la Constitución no es para la interpretación, por lo que la Corte lo que debe fallar es mandar a que se dé ese incremento al salario mínimo", enfatizó.
Según miembros de la FENASEP, la primera norma constitucional infringida por el decreto de aumento al salario mínimo, es el artículo 17 de la Carta Magna que ordena a las autoridades asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales, sociales y hacer cumplir la Constitución.
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