Luego del comunicado emitido por la empresa telefónica Cable & Wireless (C&W) negando la existencia de un supuesto bien oculto, Guillermo Cochez, abogado demandante, insistió en que la compañía británica deja de pagar al Estado anualmente la suma promedio de B/.14 millones.
En una carta dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, el abogado Cochez manifiesta su preocupación por la actitud asumida por la telefónica, "en donde pretende desvirtuar y restarle importancia a la denuncia de bien oculto" presentada el pasado 25 de abril.
Cochez pidió al presidente del Legislativo solicitar al Contralor General de la República copia del contrato de administración y operación firmado por el Gobierno y C&W, debidamente firmado por un representante del Estado panameño y publicado en la Gaceta Oficial.
En un comunicado que fue publicado en los diferentes medios impresos del país, Cable & Wireless manifestó que existe una campaña interesada en perjudicar su imagen y que además intenta proyectarla como una empresa ineficiente que oculta bienes al Estado.
En la publicidad la telefónica de capital británico presenta copia de una carta suscrita por el contralor Alvin Weeden, confirmando que el contrato para la administración y operación del antiguo Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) fue refrendado por el extinto contralor Aristides Romero.
Mientras que la demanda sustentada por los abogados Guillermo Cochez y Víctor Martínez se fundamenta en la invocación, por parte de C&W, de un documento identificado como Anexo 2, que según los juristas nunca fue refrendado ni publicado junto al contrato original, en la Gaceta Oficial 23.365.
Alegan que citando el Anexo, la empresa ha enviado a su casa matriz, en concepto de regalías, montos millonarios sin antes deducir el Impuesto Sobre la Renta o compartir los dividendos de manera correcta con el Estado y los trabajadores.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
