La Fiscalía Auxiliar realizó ayer una inspección en el Juzgado Segundo Penal y en la oficina de las notificaciones de la Corte Suprema de Justicia, luego que se detectara la falsificación de dos sentencias condenatorias a favor de Angelo Dayan Ramea.
El delegado de la fiscalía, Ronier Ortiz, y dos secretarias acudieron a la diligencia para verificar la información emanada del juzgado con relación a las condenas de Ramea, una de las cuales fue reducida de 60 a 40 meses.
También se realizó una diligencia en el centro de notificaciones del Organo Judicial, debido a que se ha podido establecer que existe la posibilidad que la sentencia pudo haber sufrido las alteraciones antes de llegar a la Dirección de Sistema Penitenciario.
En ese sentido, el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, sostuvo que esto se investigará a fondo, debido a que esta situación puede haber ocurrido en otros casos. Añadió que no se puede burlar a la justicia con la presentación de documentos falsos.
Sossa ordenó la apertura de una investigación para determinar la falsificación de una condena impuesta a un reo y que se presume fue alterada en el trámite de notificación al centro penitenciario.
Sostuvo que hace mucho tiempo está preocupado por los actos de corrupción generados en torno a las libertades de los detenidos que se conceden en la Dirección de Sistema Penitenciario y que este caso debe ser analizado detenidamente.
A la vez trascendió que la comunicación de la sentencia tardó cinco días en llegar a la Dirección de Sistema Penitenciario y se informó que otras sentencias firmadas con fecha posterior llegaron primero a esa instancia.
Esta es la tercera ocasión que el procurador Sossa hace duros cuestionamientos a la Dirección de Sistema Penitenciario por el manejo de los reclusos. Con anterioridad criticó los permisos laborales y de estudio concedidos a reos condenados por delitos graves.
