Con la firma del Decreto Ejecutivo No. 2 del 18 de enero de 2001, la presidenta Mireya Moscoso instaló ayer la Comisión de la Verdad, la cual está integrada por siete miembros y tendrá un máximo de nueve meses para investigar las desapariciones y asesinatos perpetrados exclusivamente durante el periodo de la dictadura militar.
La Comisión -que según el decreto no podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los tribunales de justicia, ni interferir en proceso pendientes- es presidida por el representante de la Iglesia Católica, el abogado Alberto Santiago Almanza Henríquez, quien es un laico de 50 años de edad, que ha desempeñado diferente cargos en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.
También integran la Comisión: el ex magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, Juan A. Tejada; la médico y escritora Rosa María Britton y el jurista Fernando Berguido Guizado, quien es presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá y miembro de la junta directiva del diario La Prensa. El ex presidente del Comité Panameño de Derechos Humanos de Panamá, Osvaldo Velásquez; la activista de los derechos humanos, Otilia de Koster y el obispo anglicano, Julio Murray son los otros miembros.
El Decreto Ejecutivo No. 2 manifiesta que las funcione de la Comisión son: establecer un cuadro lo "más completo posible" sobre las violaciones a los derechos humanos fundamentales a la vida, además de reunir antecedentes que permitan individualizar a sus víctimas y determinar su paradero, y recomendar las medidas legales y administrativas que, a su juicio, deben adoptarse para impedir o prevenir estos crímenes.
Moscoso reconoció que lo normal es que el Ministerio Público investigue los mencionados crímenes, sin embargo, alegó que la sociedad es "por naturaleza" desconfiada de la rectitud de las autoridades.
La gobernante advirtió que la Comisión de la Verdad "en nada invade u obstruye las obligaciones legales y constitucionales del Ministerio Público o los tribunales de justicia". Aseguró que con la instalación de la Comisión de la Verdad, culmina su actuación sobre el tema y corresponde a dicho ente y a las autoridades "lograr esa verdad tan anhelada".
En tanto, el decreto también dispone que la Comisión no podrá pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiera caber a personas individuales por los hechos que descubra. "Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que revistan carácter de delitos, los pondrá, sin más trámites, a disposición del Procurador General de la Nación", se desprende del decreto.
La Comisión tendrá un plazo de seis meses para realizar sus investigaciones, y podrá pedir una prórroga de otros tres meses, si lo considera necesario. También se autoriza al ente a recibir declaraciones y practicar las diligencias que estime conveniente, incluyendo petición de informes, documentos o antecedentes a las autoridades e instituciones públicas.
Se establece que la Comisión de la Verdad cesará funciones, una vez entregue un informe final al Procurador, para que este funcionario adopte las medidas pertinentes.
Las actuaciones de este ente se realizarán en forma "reservada", para garantizar la confidencialidad de las fuentes y la seguridad de los testigos e informantes, señala la norma ejecutiva.
En el decreto, el Organo Ejecutivo sustentó que a raíz del descubrimiento de las fosas clandestinas en el antiguo cuartel de Los Pumas, en Tocumen, "la conciencia moral de la Nación exige el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar". En el cementerio clandestino se han desenterrado cuatro osamentas humanas.
Por su parte, Osvaldo Velásquez dijo que la Comisión espera contribuir a que se descubra la verdad y sepa quien ha intervenido en los lamentables hechos, con el propósito de que el país se reconcilie. El primer paso es estudiar lo que se ha hecho y recibir quejas de todos los ciudadanos que consideren que sus derechos o el de sus familiares fueron violados, apuntó.
En tanto, Otilia Tejeira de Koster negó que tenga tendencias política, que la descalifiquen para integrar la Comisión.
Mientras que el presidente de la Comisión de la Verdad, Alberto Almanza Henríquez, hizo énfasis en que será enérgico en no permitir parcializaciones y tendencias políticas en ningún miembros de esta entidad.
Dijo que pedirá asesoría de otras comisiones de la verdad que ha investigado hechos similares en diferentes países latinoamericanos.
En tanto, el presidente encargado del Partido Arnulfista, Germán Vergara, insistió en que no existe intención alguna de distraer la atención del pueblo con la creación de la Comisión de la Verdad, lo que se quiere es conocer qué fue lo que realmente sucedió con las personas desaparecidas y conocer quiérnes fueron los responsables.
Indicó que en el decreto firmado por la presidenta se establece claramente que los resultados de las investigaciones a realizar por esta comisión deben ser puestos a órdenes de las autoridades correspondientes y que son los integrantes de la Comisión, las que van a juzgar a los responsanbles de estos crímenes.
Vergara dijo que la intención es conocer qué fue lo que sucedió para evitar que en el futuro de este país, situaciones como éstas vuelvan a repetirse, sin importar quién sea el grupo que esté en el poder.
El legislador arnulfista, José Isabel Blandón, dijo que no se puede hablar de muertos del arnulfismo o muertos del PRD, todos eran panameños y merecen que se haga una investigación para conocer qué sucedió.
Las osamentas encontradas en Tocumen son las pruebas de hechos que se dieron, es algo que no se puede ocultar y ahora lo que hay que hacer es investigar para saber quiénes fueron los responsables de estos hechos que forman parte de la historia panameña, una parte que no se puede ocultar.
Por su parte, el empresario y dirigente de lo que fuera la Cruzada Civilista Nacional, Alberto Conte, dijo que el país tiene derecho a conocer la verdad, pero considera que la Comisión, será un ente "cosmético" que no podrá conocer lo que en realidad sucedió. Todos en este país conocen muy bien quiénes fueron los que mantuvieron a este pueblo "subyugado" por más de 21 años y se sabe qué fue lo que hicieron, ahora lo que se debe investigar es quiénes fueron los responsables de estos hechos.
