El presidente del Partido Demócrata Cristiano, Rubén Arosemena pidió ayer a la presidenta de la República, Mireya Moscoso que restaure la vigencia de las Resoluciones de Gabinete que incorporaron a varias instituciones a la Ley de Carrera Administrativa para eliminar la inestabilidad a los funcionarios públicos que meritoriamente habían sido incorporados a la norma, y evitar la acostumbrada "barrería" política.
Arosemena planteó la necesidad de que el Organo Ejecutivo reconsidere esta decisión y proceda a una evaluación individual que detecte a los funcionarios acreditados indebidamente en las postrimerías del gobierno de Pérez Balladares para depurar el proceso de ejecución de la Ley de Carrera Administrativa, y el país comience a estructurar un servicio público moderno, eficiente y confiable, acorde con los restos del nuevo siglo.
Puntualizó que se debe restaurar la vigencia de la Ley de Carrera Administrativa para evitar claras violaciones a las disposiciones constitucionales (Artículos 198 de la Ley 9 de 1994) y principios de Derecho que originaran interminables demandas judiciales con el consiguiente perjuicio para la buena marcha de la administración estatal.
De acuerdo con Arosemena, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares se incumplió el cronograma establecido en la propia Ley No. 9 de 1994 retrasando injustificadamente la incorporación de más de 70 mil funcionarios públicos a la Carrera Administrativa, para el final del mandato, utilizar indebidamente el procedimiento especial de ingreso para favorecer a personas adeptas a este régimen.
Puntualizó que se marginó a miles de funcionarios y el derecho para ser incorporados a la Carrera Administrativa, ya que las cifras demuestran que de 10,410 servidores públicos más de 6 mil ingresaron el año pasado.
Indicó que esta manipulación del anterior gobierno ha dado pie para que la actual administración gubernamental haya derogado apresuradamente todas las Resoluciones de Gabinete que incorporaron a varias instituciones públicas a la carrera administrativa, colocando en el limbo lo que se había avanzado.
Advirtió que debido a las anomalías de la administración perredista se ha creado un ambiente de inestabilidad en los servidores públicos "pagando justos por pecadores".
Precisó que estas irregularidades han colocado a la administración pública a merced de la insaciable voracidad del "clientelismo electorero" y se establece el precedente funesto para que quienes asuman el gobierno en el 2004, efectúen nuevas revisiones y procedan a la tradicional "barrería" en los puestos públicos.
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