Una de las fallas más recurrentes de las instituciones, al tratar de cumplir la Ley de Transparencia, es que no publican la cantidad de solicitudes de información que reciben y las respuestas que dan a los ciudadanos.
De las 64 entidades presentes en el informe que elaboró la Secretaría de Transparencia en el mes de marzo, 44 incumplen con este requerimiento.
Pero cuatro meses después, un monitoreo de Panamá América encontró que de las 44, solo el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones (SIACAP) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) actualizaron este punto.
Existen entidades que se resisten a cumplir este compromiso o se amparan en estatus “especiales” para no rendir cuentas.
Una de estas es la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) que, según informó la Secretaría Anticorrupción, adujo que no debía presentar estos puntos en su página web, dado que es una sociedad anónima.
Ante esto, la Procuraduría de la Administración indicó en una carta remitida a la zarina Abigaíl Benzadón, que el Artículo 27 de la Ley 6 de 1997 y la cláusula octava de su pacto social colocan a ETESA como una dependencia del Estado.
El documento sustenta que “en materia de publicidad, acceso público y transparencia, y en cuanto se refiere a la obligación de suministrar aquella información definida como de acceso libre, dicha empresa (ETESA) está sujeta a la regulación prevista por el mencionado instrumento legal”.
Cada institución que reciba fondos del Estado está obligada a cumplir con la rendición de cuentas.
Cumplen a medias.
En tanto, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), institución que por su naturaleza está en constante interacción con las personas, no tiene actualizada las solicitudes de información, pero sí tiene las resueltas.
La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) es selectiva, pues para poder ver esta información, se debe ser usuario del sistema de acceso a la página web.
El Banco de Desarrollo Agropecuario, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Salud obtuvieron puntos al publicar las solicitudes de información presentadas a la institución, sin embargo, no tienen cuántas peticiones han sido resueltas.
Un caso peculiar es el de la Autoridad de Seguridad de Alimentos, que no tiene la cantidad de solicitudes de información que le han sido presentadas, pero sí aparecen cuántas han sido resueltas.
La sociedad civil opina.
Para Carlos Gasnell, vicepresidente de Transparencia Internacional capítulo de Panamá, esta omisión se pudo haber entendido durante los dos primeros años de adecuación a la norma, pero en la actualidad todas las instituciones deberían cumplir en un 100%.
“Estos incumplimientos generan desconfianza entre los ciudadanos”, mencionó Gasnell.
