Instituciones incumplen la Ley de Transparencia

Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, expresó ayer su preocupación porque sólo tres entidades estatales han adoptado el código de ética para servidores públicos, a pesar que la Ley de Transparencia dicta que hoy vence el plazo para cumplir esta norma.
Según Saúl Maloul Zebede, asesor jurídico del capítulo panameño de Transparencia Internacional, una de las obligaciones que establece la Ley es que cada una de las instituciones estatales cuente con un código de ética que cumpla con los requisitos legales, el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial y depositado en la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, dijo que las únicas instituciones estatales que han cumplido con esta exigencia son la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Valores y el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Precisó que no solamente las instituciones estatales deben cumplir con esta norma, sino también los municipios, los consejos municipales, las Organizaciones No Gubernamantales que reciban dinero del Estado y las empresas privadas que presten un servicio público y tengan un carácter monopolístico. Estas entidades, señaló, deberían cumplir con este precepto legal, ya que la Ley de Transparencia no es diferente a ninguna otra norma legal.
Advirtió que el hecho de que hoy se venza el término para cumplir con esta norma y que haya pocas entidades que han cumplido con el código de ética, es algo que debe preocupar al país y a la Procuraduría de la Administración, que debe llamar a los funcionarios a cumplir la Ley. Explicó que hay instituciones del Estado que siguen aplicando sus códigos de ética, pero no los han actualizado y no están cumpliendo con las nuevas formalidades y requisitos que establece la Ley de Transparencia.
Señaló además que hay otras preocupaciones en relación con la Ley de Transparencia, como la existencia de un reglamento por parte del Organo Ejecutivo que va en contra del texto de la propia norma legal, y la otra es el hecho de que otras instituciones, como el Tribunal Electoral, estén imitando al Organo Ejecutivo emitiendo reglamentos que adversan el texto del citado documento.
Enfatizó que el Ejecutivo le ha puesto una camisa de fuerza a la Ley, que es el reglamento de la misma que promulgó, por lo que expresó que la única esperanza que queda es que la Corte Suprema de Justicia siga emitiendo fallos como el que obligó a la Cancillería a publicar la planilla gubernamental.
Se está mudando a Amador porque esos terrenos pueden costar B/.1,000.00 el metro cuadrado cuando concluya el relleno, lo cual es un incentivo para cualquier inversionista, situación que no será igual si se consideran otras áreas donde sería más difícil recuperar los 35 ó 40 millones que costaría la construcción del nuevo hipódromo.
Alberto Paz Rodríguez, considerado el mejor entrenador de caballos del país y quien se ha distinguido como un constante importador y exportador de caballos de todo el continente, ve el traslado del hipódromo como una gran oportunidad para la hípica.
"Me gusta la idea", dijo. "Al hacer un nuevo hipódromo el gobierno se compromete con la hípica en seguir apoyándola". Paz Rodríguez, sostiene que es un compromiso del estado fomentar el empleo y salvaguardar el medio de vida de más de 5 mil familias panameñas. "No debemos dejar de ver que la gente que trabaja en la hípica también genera ingresos al fisco, mediante el pago de impuestos, seguro social y el consumo de los servicios".
El Dr. Marcos A. Farrugia es el presidente de la Sociedad de Dueños de Caballos y representante de los dueños de caballos en la comisión nombrada por el ejecutivo. Farrugia, también está de acuerdo con el traslado del hipódromo, aunque no cree que el asunto sea tan sencillo como sumar dos más dos.
"Es indispensable que se tenga un concepto moderno de desarrollo, lo cual requiere un espacio más grande que el actual para darle al hipódromo un carácter multifuncional que le permita ser atractivopara todos los sectores y no solamente a los hípicos", manifestó el máximo líder de los dueños de caballos.
"Es una gran oportunidad, pero nada vale que nos mudemos al mejor lugar del mundo si el problema integral de la hípica no se resuelve".
Farrugia considera necesario renegociar el contrato existente entre los dueños de caballos y la empresa operadora en el aspecto relacionado con los porcentajes que se reparten de las utilidades del espectáculo.
José A. Pérez parece coincidir con Farrugia en ese punto y amenazó con renunciar públicamente a la Comisión si el gobierno no propicia que la empresa operadora mejore las condiciones de los dueños de caballos y de la actividad en general, sacrificándose un poco más.
El ingeniero Pérez estima que si eso no se logra la hípica no subsistirá más de tres años y, por lo tanto, debe darse un sacrificio compartido: el gobierno debe seguir ofreciendo el 3.25% que le corresponden al fondo de premios, la empresa debe seguir aportando medio millón de dólares anuales y los dueños de caballos deberán estar dispuestos a seguir perdiendo 4 millones anuales al menos durante el próximo trienio.
Con esta fórmula el gobierno justificará por qué va invertir en un negocio quebrado. La empresa operadora del hipódromo, por su lado, debe ser consciente de que el gobierno le entregará, sin ningún costo, un hipódromo nuevo valorado en 30 ó 40 millones de dólares y con la oportunidad de explorarlo por 20 años; así que gastar un millón y medio de dólares más en subsidiar a la actividad es lo menos que pueden hacer.
"El Estado tiene la obligación de exigirle al administrador que ponga los medios económicos que se necesitan porque él (Hipódromo Presidente Remón S. A.) va a recibir un beneficio de un hipódromo para explotarlo 30 años. Ellos tienen 7 millones en el hueco y el hipódromo está a punto de cerrarse, ahora tendrían ocho y 30 años para recuperar su plata", reflexionó Pérez y concluyó en que "este inversionista quiere que le den un hipódromo de 40 millones sin poner nada; tienen que poner un millón y medio para garantizar los 4 millones en premios y en eso tiene que obligarlo el Estado".