Claves
- Penas de seis a ocho años es la propuesta del proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para sancionar fuertemente a los que invadan tierras ajenas.
- Tras estas ocupaciones ilegales se tejen varias irregularidades, entre ellas la comercialización de madera y otros materiales para la construcción de estas viviendas.
Las láminas de zinc y la madera empezaron a crujir desde temprano, ayer, en Pacora. Decenas de casas fueron cayendo una a una, igual como se caen las piezas del dominó... Minutos antes de alborotarse el avispero, varias mujeres recolectaban leña para los fogones y unos niños con harapos, pateaban una pelota, tan marrón como la tierra que les servía de cancha.
Ese era el panorama en la improvisada barriada Martinelli en el sector de San Francisco, en Pacora, antes de que el pelotón de antimotines y palas mecánicas llegaran para hacer cumplir una orden de desalojo, aprobada por el corregidor del área, Olokindar Dack.
La paz cambió de rostro, pasadas las 9:00 a.m. Las mujeres estaban eufóricas, los niños lloraban y los hombres empuñaban palos y piedras. A pesar de haberse pertrechado, estos supuestos invasores vieron derrumbarse el techo y sus sueños al mismo tiempo, querían tener casa propia... en terreno ajeno.
El lote, según Karina Angulo, directora de asentamientos informales del Miviot, está registrado. “Ese terreno es privado. Hay que aclarar que el Miviot no realiza desalojos, eso es competencia de los corregidores que lo hacen si el propietario del terreno lo solicita una vez presente la queja en la corregiduría”, adujo por vía telefónica la funcionaria.
Los afectados, por su parte, advirtieron el cierre total de la carretera Interamericana desde hoy viernes. “Vamos a hacer una vigilia y mañana viernes, cerraremos la calle para ver si nos dan solución”, gritaban las mujeres a las unidades antidisturbios que arrestaron a una docena de personas, la mayoría hombres que se oponían a ver cómo una cuchilla tumbaba sus hogares. El tema del precarismo empezó a ganar protagonismo cuando a inicios de esta semana, el Consejo de Gabinete aprobó una reforma al Código Penal en la que endurece las sanciones a aquellos que participen en la invasión de terrenos particulares y/o estatales.
El proyecto de ley que tiene que ir primero a la Asamblea Nacional, propone sancionar con prisión de seis a ocho años a toda persona que promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o permita la invasión de terrenos privados o estatales, sin la debida autorización del propietario o autoridad competente. El precarismo en Panamá se ha vuelto complejo, porque tras las ocupaciones supuestamente existen algunos negociados.
