El abogado Rogelio Cruz interpuso dos incidentes ante el Juzgado Tercero para suspender el proceso en contra de su defendida, Dalvis Xiomara Sánchez, sindicada por el caso de los “durodólares”.
Cruz sustentó su motivación en que hay falta de competencia del juez Hermes Quintero, y prevalece la prescripción de la acción penal.
El jurista fundamenta la prescripción al indicar que cuando supuestamente se dieron los hechos, la pena era de 18 meses de prisión y vencen en seis años, tomando en cuenta que Sánchez dejó de ser directora Administrativa de la Presidencia el 31 de agosto de 2004 y al 31 de agosto de 2010 se completó ese periodo.
Sin embargo, está pendiente la decisión del juez Quintero, que hasta ayer, a las 5:00 p.m., no había determinado si llama a Sánchez a juicio, la sobresee provisional o definitivamente.
Cruz planteó que si la decisión no favorece a su cliente, acudirá ante el Segundo Tribunal.
