El posible efecto en la economía de la firma de los tratados de intercambio de información fiscal sería de menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), señaló ayer el viceministro de Economía, Domingo Latorraca.
Añadió que Panamá envió una nota a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) donde asume su compromiso de impulsar cambios, siempre y cuando se registren en un campo de no discriminación.
Las declaraciones de Latorraca se dan a raíz de la versión de algunos sectores, especialmente grupos de abogados, que han manifestado su rechazo a la posible firma de tratados de intercambio de información tributaria.
Puntualizó que los cambios sólo se pueden realizar bajo las mismas reglas sin preferencias hacia nadie, y eso lo deben comprender los gremios.
Explicó que se han reunido con las diversas agrupaciones para escucharlas e incorporarlas en el esfuerzo que se realiza para proteger el país.
"Nuestro país ha sido incluido en algunas listas regionales de otros países por asuntos fiscales, pero Panamá ha estado trabajando en la exclusión de esas listas", afirmó.
Reconoció que los gremios de abogados podrían resultar afectados, pero en una forma mínima y así se estableció en la documentación enviada por el gobierno panameño a la OCDE.
Grupos de juristas advirtieron que Panamá debe abstenerse de firmar tratados de intercambio de fiscal hasta que la OCDE aplique normas uniformes a todas las naciones que compiten con el país en el sector de servicios internacionales.
La solicitud fue hecha por diversas organizaciones jurídicas, comerciales y de contaduría, las cuales plantearon que la suscripción de tratados bilaterales de intercambio de información fiscal traerá graves consecuencias a diferentes sectores económicos del país. Se deben aplicar reglas uniformes a todos los países que compiten con Panamá en servicios internacionales, argumentaron los gremios afectados.
