La legisladora Gloria Young denunció que la empresa Puerto Armuelles Fruit Company (PAFCO) y asociaciones comerciales están presionando para que no se apruebe en segundo debate un proyecto de ley que va dirigido a establecer una indemnización a las personas que han sido afectadas por el uso del producto denominado DBCP.
Indicó que es falso el argumento de la empresa de que esta decisión agregaría un elemento de inseguridad a la inversión local y extranjera en el país. Dijo que en base a informes médicos puede afirmar que muchos hombres han quedado estériles al ser expuestos al producto, mientras otros sufren de infecciones en la piel, cáncer y faringitis.
Advirtió que tal es la presión de los grandes intereses contra los legisladores, que el proyecto propuesto por ella fue modificado y se le introdujo un artículo que señala que "las empresas fabricantes, así como las empresas exportadoras y distribuidoras de los productos a nuestro país, son responsables civil y penalmente del deterioro de la salud de las personas afectadas por el uso aplicación y/o exposición de los productos".
Este artículo libera a la empresa PAFCO y a los productores independientes de pagar una indemnización a los afectados por el agroquímico. Young expuso que el momento más duro de la exposición de productos se produjo entre 1970 y 1978; posteriormente a todos los trabajadores contratados se les hacía un examen integral y para poder ser contratados no debían presentar ningún tipo de enfermedad.
Este examen demuestra que todas las personas afectadas por los químicos estaban sanas al ser contratadas, por lo que no hay justificación para que se apruebe una ley de indemnización, ya que es una norma de "contenido social". Denunció que ya la cooperativa que compró los activos de PAFCO comenzó a despedir a trabajadores y ahora siguen en lista para botar a los enfermos.