La Bahía Honda de Veraguas, que gracias a su maravillosa biodiversidad sirve de amortiguador o parachoques natural de su vecina frontal y mundialmente famosa isla Coiba, en los últimos meses ha sido el objetivo o escenario de acciones que procuran impacto público, aunque son poco transparentes en sus orígenes y fines.
Denuncias – no comprobadas hasta hoy- de presuntos desalojos o “evacuaciones” ilegales, ventas forzadas de tierra o bloqueos de servidumbres públicas, han brotado en esas tierras, costas y aguas, casi al mismo tiempo que mega proyectos turísticos pretenden asentarse en el área, hoy protegida por organizaciones nacionales e internacionales y hasta por inversionistas extranjeros que procuran un manejo científico y sin merma de los recursos existentes.
Y para ampliar la diversidad, conflictiva en este caso, funcionarios del actual Gobierno de la República han decidido no aplicar la legislación vigente que permite la titulación de costas e islas, al tiempo que algunos diputados de la Asamblea Nacional han propuesto una reforma que eleve la tarifa o tabla de precios de las tierras sobre las que se hayan emitido derechos posesorios, con la pretensión de que tenga vigencia o fuerza retroactiva.
Por ejemplo, el Director del Catastro, Publio Cortes, ha dicho que existe una interpretación errónea o “mala” del derecho posesorio. “Los derechos posesorios –dice-- se venden, se heredan y están protegidos por el Código Civil, pero nada de esos los convierte en propiedad inmueble. Para convertirlos a propiedad es necesario comprarle (pagarle) al Estado”.
Ante lo anterior, una de las empresas afectadas, Catiland S.A., por medio de su vocero, el Lic. Guillermo Márquez Amado, responde: “Si admiten que los derechos posesorios pueden ser vendidos, ¿Cómo es que cuando son vendidos aún tiene que ser comprado lo que representan? ¿Qué hay de la sucesión por causa de muerte? Si uno puede heredar derechos posesorios, tienen aún los hijos / hijas que pagar por ellos?”
Y agrega: “Cuando el primer artículo de la primera ley panameña fue aprobado, no había ningún título inscrito en el Registro Público, porque no existía el Registro Público; sin embargo, a ningún gobierno se le ha ocurrido decir que las personas que ya tenían derechos posesorios, tenían que comprarlos al gobierno”.
Lo cierto es que el singular “debate” alcanzó algunos medios nacionales que, sin embargo, han presentado informaciones ofrecidas por una de las partes en pugna como si fueran hechos reales y verdaderos sin haber sido comprobados, pese a que con ello ponían en entredicho a personas físicas y jurídicas y a las cuales han tratado con inequidad al no permitirles dar su versión, respuesta o aclaración.
Tal es el caso de la misma empresa Catiland S.A. que en reiteradas publicaciones se le ha señalado como autora de desalojos arbitrarios e ilegales, de destruir humildes casas de campesinos, de cercar más de 15 kilómetros de costa sin respetar la servidumbre pública y hasta de prohibir el paso de los vecinos o visitantes a 8 playas del litoral pacífico.
Ante estos y otros cargos, el vocero de Catiland S.A dijo al Panamá América que “miembros del gobierno nacional han lanzado una campaña en la prensa y ante la Asamblea Legislativa en contra de nuestra compañía, acusándonos de ser especuladores, acaparadores de derechos posesorios y hasta usurpadores de los bienes del Estado”.
También, el Lic. Márquez Amado expresa que “contrario a la percepción que ha sido creada, todas las tierras que tenemos fueron adquiridas de lugareños que las ocupaban por muchos años, y a quienes se les pago la suma que ellos pedían para vendérnoslas. Todas nuestras compras fueron realizadas con la asesoría de las firmas de abogados más prestigiosas del país, mediante contratos de compraventa certificados por las autoridades, tal como lo establece la ley”.
Ante la pregunta del Panamá América con relación a lo informado por otros medios sobre presuntos perjuicios causados a campesinos, Márquez Amador respondió: “El Gobernador de la provincia, al igual que otros funcionarios públicos han recorrido las diferentes áreas en las que la empresa mantiene derechos posesorios en Bahía Honda y se han podido percatar de que no existe ningún grupo de campesinos perjudicados, simplemente que hay personas que vendieron sus propiedades a la empresa, hace muchos años y quieren tomar posesión nuevamente para revender a otros inversionistas”.
Con respecto a la propiedad vigente sobre las tierras, don Guillermo sostiene: “Nuestras compañías han ocupado de una manera pública, pacifica e ininterrumpida las tierras adquiridas por más de diez años, por tanto, nuestra posesión ha sido establecida y excede el número de años que la ley exige”.
Finalmente, Márquez Amado) manifiesta que “El propósito de nuestra empresa no es especular, sino que preservar una pequeña parte del país para la conservación ecológica, el eco-turismo y la investigación científica. La comunidad entera se ha beneficiado de nuestras actividades, mediante la creación de cientos de plazas de trabajo”.
