Una denuncia criminal contra funcionarios de la Junta de Control de Juegos del Ministerio de Economía y Finanzas por los presuntos delitos de hurto agravado, daños, abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos fue presentada ayer ante el Ministerio Público por parte del abogado Carlos Herrera Morán.
Herrera Morán, representante legal de la empresa Diversiones y Entretenimiento de Panamá (DEPSA), aseguró que el director de Hipódromos y otros juegos de suerte y azar de la Junta de Control de Juegos, Vitelio José Ortega canceló el permiso de operación de 150 máquinas tragamonedas y ordenó su retiro de los establecimientos en donde se encontraban.
Aseguró que el citado funcionario ejecutó un allanamiento con funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y la Policía Nacional sin que mediara una orden, sin ningún proceso penal y sin el consentimiento de los propietarios.
Sostuvo queen el operativo se removieron las máquinas de más de 120 locales y se procedió a su saqueo y destrucción y quienes ejecutaron la operación se apropiaron ilegalmente de los dineros que había en los tragamonedas.
Destacó que el funcionario de la Junta de Control de Juegos no está facultado por la ley para cancelar, revocar o suspender ninguna licencia de operación concedida a empresas particulares y menos se le faculta para decomisar las máquinas de las empresas que resulten afectadas.
Alegó que el Contralor de la República, Alvin Weeden comunicó de manera enérgica y diáfana a la Junta de Control de Juegos, que la decisión de cancelar la operación de las máquinas, es arbitraria e ilegal.
Señaló que la acción del funcionario se enmarca dentro del delito identificado como abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público y la usurpación de funciones.
Entre las pruebas aportadas se encuentran, vistas fotográficas donde se observa a los funcionarios de la Junta de Control de Juegos decomisando y destruyendo las máquinas tragamonedas en los establecimientos.
