La empresa de joyería tenía una solicitud legal de la DEA, en aquel entonces, y sus propietarios estaban siendo investigados por lavado de dinero, agregó el abogado Martínez.
Tras el embargo de la empresa, unos 60 trabajadores quedaron en la calle, y 45 de ellos presentaron demandas laborales, quienes a pesar de la oposición del exfiscal, lograron ser compensados tras el fallo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harley James Mitchell.
Tras ese fallo, otros 6 de los 60 trabajadores afectados de la joyería, acudieron hoy al Ministerio Público a presentar su demanda, a pesar que ya los bienes inmuebles y los 50 millones provenientes del oro y la plata rematada a Estados Unidos fueron cautelados por ese país, sin ningún registro en informes, indicó el abogado.
"Los trabajadores están aquí a la espera de que se haga justicia y puedan cobrar sus prestaciones laborales", dijo Martínez quien exigió al Ministerio Público la aparición de las relaciones de bienes cautelados en aquel momento.
"Esperamos que el nuevo contralor pueda poner sus buenos oficios y que se cierre este caso", dijo una de las seis extrabajadoras presentes en la Secretaría General del Ministerio Público.
Con datos de Víctor Arosemena.
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