La representante de Cristóbal, Matilde Ávila Rocero, interpuso a través de su abogado Ramón Castellanos, una querella contra el alcalde de Colón Antonio Lattif III por abuso de autoridad, tras la supuesta venta de bienes municipales en desuso.
La querella se basa en que Lattif le autorizó a la empresa PAMERSA (Panamá Metal Recycling S.A., ubicada en Vía Tocumen), extraer y vender tubos sin permiso en los sectores de Isla Margarita y Galeta desde hace tres meses, sin revertir esas ganancias al Corregimiento. Ya que nadie ha visto a dónde va ese dinero, expresó Ávila.
Expresó la concejal de Cristóbal que "ha notado mucho interés del alcalde Lattif en los hierros", los cuales tienen un valor por más de 500 mil balboas.
Sin embargo el Alcalde dijo que actúa siempre en derecho y con la Ley por delante, por eso no teme hacerle frente a la denuncia de la edil.
Aseguró que no hay nada ilegal en los permisos que se han otorgado para dicha extracción de los hierros que no son más que chatarras.
Los planes de estudio que se dictarán deben ser aprobados por el Ministerio de Educación, si se trata del primer nivel de enseñanza o la básica general, el segundo nivel o educación media; y por las universidades oficiales de la República, en caso de tratarse de enseñanza superior.
También se incluye en este programa el trabajo comunitario, no remunerado, que sea autorizado por la Dirección General del Sistema Penitenciario y la participación como instructor en cursos de alfabetización, de educación, adiestramiento o capacitación, que se reconocerán a razón de un día de trabajo por cada ocho horas laboradas.
El trabajo y estudio de los detenidos será voluntario y podrá efectuarse dentro o fuera del penal.
Zirah explicó que este sistema se aplicó en México hace un año y que los resultados han sido excelentes.
Sin embargo, planteó que es necesario convencer a los conductores de utilizar el servicio de transporte público para lograr la disminución del movimiento de autos en las calles.
Por otro lado, Harris indicó que el otro año la flota de vehicular del país deberá contar con revisado de emisiones de gases.
Los nuevos buses de alta capacidad no llegarán hasta el centro de la ciudad y tendrán áreas de estacionamiento definidas.
La aspiración de las autoridades de tránsito es que los usuarios del transporte público aumenten del 50% actual a un 80%.