La Fiscalía Segunda Anticorrupción ordenó la conducción de todos los funcionarios de la armería de la Presidencia de República, en donde se encontraban bajo custodia los bienes del general Manuel Antonio Noriega, que desaparecieron.
El fiscal segundo anticorrupción, Daniel Batista, dijo que se tomará declaración a todos los funcionarios de la armería para determinar las circunstancias de la desaparición de los bienes del exmilitar.
Batista reveló que aún no se ha podido determinar con exactitud la fecha de la desaparición de las pertenencias de Noriega, pero se presume que algunos de los funcionarios de la armería pueden tener idea de cómo pudieron desaparecer y quiénes son los responsables.
Explicó que entre los bienes hurtados se encuentran bonos, prendas, joyas y artículos personales propiedad del general Noriega, e incluso algunos no se habían determinado si fueron obtenidos legalmente.
La Fiscalía Anticorrupción practicó una inspección ocular dentro de las instalaciones de la armería, para analizar los niveles de seguridad y las personas que tenían acceso a los puntos en donde se encontraban archivadas sus pertenencias.
No obstante, hasta el momento las pesquisas realizadas por las autoridades no han arrojado ninguna pista efectiva sobre el posible destino de las pertenencias de Noriega, incautadas tras la intervención armada de diciembre de 1989.
Algunos de estos bienes estuvieron involucrados en litigio legal, pero antes de resolverse en los tribunales se percataron que éstos habían desaparecido de las instalaciones de la armería, sin que nadie pueda dar una explicación clara de lo sucedido.
Trascendió que también podrían ser llamados a declarar los ex directores del Servicio de Protección Institucional (SPI), con el fin de esclarecer bajo responsabilidad de quién se encontraban las pertenencias del ex militar Noriega.
En las residencias de Noriega y en su "bunker" se encontró una gran cantidad de prendas, cuadros y otras pertenencias que fueron embaladas en cajas y se pusieron bajo custodia del SPI.