El fiscal Tercero Superior, Rolando Rodríguez, anunció que tomará una declaración al general Manuel Antonio Noriega dentro de las sumarias por la desaparición y muerte del dirigente político Heliodoro Portugal, en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia.
Rodríguez explicó que se notificó de un fallo expedido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en donde se declaró no prescrita la acción penal en el caso de Portugal y se ordenó tomarle declaración al general Noriega.
El funcionario de instrucción reveló que con anterioridad había remitido una asistencia judicial a Estados Unidos para lograr la declaración de Noriega, pero que la diligencia no fructificó y ahora deberá cumplirse.
Detalló que esta diligencia judicial tiene su fundamento en el conocimiento de Noriega de los hechos que ocurrían en el país por el manejo de los organismos de inteligencia como G-2. Además que también fungió como jefe del antiguo Cuartel de Los Pumas de Tocumen, en donde fueron ubicados los restos de Portugal.
Por otro lado, consideró que tomar la declaración a Noriega implica un gasto de recursos por parte del Ministerio Público, debido a que tramitar una asistencia judicial a través de la Cancillería tomará algún tiempo y lo más recomendable sería enviar un funcionario para cumplir con la diligencia.
También explicó que es necesario agotar todos las acciones posibles para esclarecer los hechos que motivaron la muerte de Portugal y determinar la vinculación de las personas que le ocasionaron la muerte.
La Fiscalía Tercera Superior había elevado una petición para reabrir las investigaciones en el caso de Heliodoro Portugal. Sin embargo, el Segundo Tribunal de Justicia declaró prescrita la acción penal, pero ante una apelación presentada por la fiscal, la Sala Penal revocó esta decisión y lo declaró no prescrito.
Por la muerte de Portugal fueron sindicados Rafael Castro Ibarra, Moisés Carrera, Heliodoro Villamil, Melbourne Walker, Pedro del Cid, Aquilino Sieiro, Pablo Garrido, Luciano Miranda y Ricardo Garibaldo Figueroa.
Esta partida le da cierta capacidad de respuesta a un presidente de la República para atender situaciones de urgencia e imprevistos, apoyando a las comunidades de manera inmediata, explicó a El Panamá América, René Luciani, ex director de Presupuesto del Ministerio de Planificación y Política Económica.
René Luciani comparte la opinión de que, cualquier partida asignada en el Presupuesto General del Estado debe ser objeto de examen por parte de la Contraloría General, hay que ser más transparentes porque la sociedad tiene que estar informada del uso de estos dineros.
"La Ley de Transparencia obliga a todo aquel funcionario que maneje cuentas a que le rinda un informe a la Asamblea Legislativa anualmente y debe rendir un informe de ejecución presupuestaria", agregó.
"Agregaría que no estoy en desacuerdo con esas partidas de uso discrecional por parte del Ejecutivo, siempre y cuando estén destinadas al estricto cumplimiento de los fines del Estado" añadió el ex director de Presupuesto del Ministerio de Planificación y Política Económica.
Luis Laguerre, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, sostuvo que una auditoría no va sobre todos los detalles, sino de manera selectiva, por lo que definitivamente uno de los elementos más importantes es la documentación sustentadora, como son las facturas.
Se mostró muy cauteloso al referirse al tema de la partida discrecional y admitió que no conoce a profundidad el tema. No obstante, dijo que una auditoría debe comprender la verificación de que lo que se compra llegue al destinatario, y sea para los fines descritos. Es un concepto más amplio que la simple parte numérica, al incluir aspectos cualitativos.
Se abstuvo de comentar si puede haber truco contable, aunque considera que no ve que haya elementos que se presten para ello cuando se maneja con la transparencia debida.
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