El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, calificó ayer como una "descarada intervención" del Ejecutivo en los asuntos del Organo Judicial el proyecto de ley que pretende crear la Sala Quinta de Instituciones de Garantía y Casación Laboral.
La discusión del proyecto que debía iniciarse ayer en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa no se pudo concretizar, ante la inasistencia de los legisladores que no lograron conformar el quórum reglamentario que se hace con la asistencia de cuatro de los siete comisionados.
A la reunión sólo acudieron los legisladores oficialistas, Carlos Afú, Roberto Abrego y el suplente de Benicio Robinson, así como Víctor Méndez Fábrega, quien se presentó a pesar de que no pertenece a la Comisión.
Se ausentaron los opositores Rubén Arosemena, Alberto Cigarruista, Yadira González y Arturo Vallarino, quien llegó tarde.
Roberto Abrego, presidente de la Comisión de Gobierno, expresó que a pesar de la solicitud que hizo la ministra Mariela Sagel para que el proyecto se discutiera con "urgencia notoria", el mismo se analizará con toda la "calma del caso".
Mientras que el magistrado Molino Mola insistió en que la creación de la Sala Quinta por medio de una ley y no por un cambio constitucional, no es conveniente, porque se deja abierta la posibilidad de que otro gobierno por medio de otra ley la derogue.
Indicó que el número de magistrados que integran la Corte Suprema se ha establecido por rango constitucional y no por una ley. Explicó que en 1904 se compuso de cinco por la primera Constitución panameña y en 1956 se incrementó a nueve, también por el mismo método.
El único propósito de este proyecto, recalcó Molino Mola, es influir en la composición de la Corte y esto provocaría un "caos" a lo interno de este órgano.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Guevara, insistió en que la discusión de este proyecto de ley debe ser postergada para después que concluya el momento político electoral que vive el país, porque esta situación podría influir en el producto final.
Manifestó que en el caso que el proyecto se apruebe, antes de designar a los magistrados, el presidente de la República debe convocar a las facultades de Derecho de las principales universidades del país, así como a los gremios de abogados para entre todos tratar de encontrar a los mejores panameños para ocupar estos puestos.
