Intolerancia y leyes mordaza propician querellas contra periodistas

La vigencia de las leyes relativas a la calumnia e injuria y la intolerancia de los funcionarios son las principales razones de que existan 90 procesos contra periodistas y colaboradores de medios en la esfera judicial, consideró Marcos Castillo, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE) al comentar el informe especial del Delegado Especial para la Libertad de Expresión de la Defensoría del Pueblo, Ricardo Lombana.
El informe denominado: "Democracia, libertad de expresión y procesos contra el honor", revela que del total de procesos, 78 son contra periodistas y 10 contra personas particulares.
Según Castillo, la génesis de la acumulación de estos procesos son las leyes de calumnia e injuria que fueron dictadas en 1988, cuando el régimen de Manuel A. Noriega endureció las penas de los delitos contra el honor como medida para acallar a los periodistas y medios que lo criticaban.
El dirigente del CONAPE señala que a pesar de que ya no existe la dictadura militar, los gobiernos que han sucedido desde 1990 han mantenido "de manera inmoral" en vigencia esa legislación como un "fantasma para asustar e intimidar" a los periodistas.
De acuerdo con Castillo, otro factor relevante que origina este informe es el hecho de que más del 50 por ciento de las querellas han sido presentadas por funcionarios públicos.
"Esto demuestra que existe una intolerancia por parte de los funcionarios públicos, que se han amparado en estas legislaciones para denunciar a los periodistas", advirtió el presidente de CONAPE.
Indicó que los resultados del informe de la Defensoría del Pueblo apoyan la tesis del CONAPE de que las leyes sobre calumnia e injuria deben pasar de la esfera judicial a la civil para evitar que los condenados por este delito vayan a parar a la cárcel.
Castillo advierte que la vida de todo el que sea condenado por estas leyes corre peligro por la inseguridad existente en las cárceles panameñas, donde cualquiera puede perder la vida en una reyerta entre reos. Manifestó que el informe también echa por tierra la tesis del Ministerio Público de que en Panamá existen pocas querellas contra periodistas.
Según Castillo, el CONAPE ha desarrollado acciones para lograr la despenalización de la calumnia e injuria y la derogación de las leyes mordazas y las de desacato.
En ese sentido, precisó que el gremio denunció ante el Relator de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) la existencia de las leyes que impiden el libre ejercicio de la profesión, así como un listado de todos los procesos penales contra los comunicadores sociales.
Destacó que en ningún país civilizado y democrático los delitos contra el honor se ventilan en la esfera judicial, lo que demuestra que en Panamá los funcionarios utilizan esa legislación para evitar las denuncias de corrupción y otros actos delictivos.
Aseguró que los periodistas no buscan convertirse en una casta privilegiada, sino que este tipo de delitos sean sancionados según la esfera civil donde el periodista se comprometa a resarcir el daño mediante una aclaración pública, la disculpa, pero jamás que se establezca la cárcel por estas faltas. Denunció que muchos fiscales están actuando de manera antojadiza y rápida contra las querellas que se presentan contra los periodistas.
Pidió a sus colegas que no vayan "corriendo como "corderos" a las citaciones de los fiscales, porque es el momento para solicitar un alto contra los abusos y demostrar que los afectados no están de acuerdo con esos atropellos. Indicó que el CONAPE jamás pedirá indulto a favor de los periodistas porque no quiere que a éstos los incluyan en una misma lista con delincuentes comunes.