El motivo es que, luego de las declaraciones que diera el presidente de la República, Juan Carlos Varela, al cuestionar la decisión de un tribunal de justicia que liberó a una persona investigada por pandillerismo y homicidio, en la Policía Nacional se negaron a cumplir la orden judicial.
Por esta razón, el Colegio Nacional de Abogados (CNA), a través de su comisión de Derechos Humanos, interpondrá la próxima semana, acciones penales en contra de Gilberto Glen, director de la Dirección de Investigación Policial (DIP), de la Policía Nacional, quien se opuso a hacer efectiva dicha liberación, explicó el jurista Carlos Herrera Morán.
“Esto es un soberano irrespeto a la independencia judicial, que pone en peligro el Estado de derecho en el país”, destacó.
A criterio de Herrera Morán, lo que se busca con esta denuncia contra el comisionado Glen es establecer si actuó por iniciativa propia o recibió órdenes superiores, porque “hasta allá queremos llegar”, agregó.
La orden de liberar al procesado en mención fue el jueves 4 de junio.
Se dio mediante resolución del Segundo Tribunal Superior de Justicia, que confirmó la sentencia del Juzgado Decimosegundo que declaraba la inocencia de Héctor Murillo Barberena, porque se estaba cometiendo la falta de doble juzgamiento.
Sin embargo, luego de las declaraciones de Varela, la DIP no hizo efectiva dicha liberación y no fue sino hasta la 1:00 a.m. del sábado, 6 de junio, cuando se procedió a cumplir la orden del tribunal de justicia.
El presidente Varela pidió explicaciones al juez que, en primera instancia, emitió la absolución del procesado.
Las reacciones también se dieron en el mismo Órgano Judicial, luego de que en una nota de prensa de la máxima corporación de justicia se indicara el fundamento legal por el cual los juzgadores decidieron absolver a Murillo Barberena.
La nota de prensa de la Corte Suprema indica que “la decisión del juzgado se basó en que dentro de este proceso estaban siendo investigadas personas que ya habían sido absueltas por los delitos de homicidio y también por pandillerismo”.
Esta sentencia fue dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 18 de diciembre de 2014.
Por consiguiente, la decisión del segundo caso que había en contra de la persona en mención, que era por pandillerismo, se basó en el artículo 32 de la Constitución Política, que prohíbe el doble juzgamiento.
En menos de un mes, esta es la segunda intromisión de parte del presidente en actos que realizan las instancias encargadas de la administración de justicia.
La ocasión anterior fue por el caso de Cobranzas del Istmo, cuando anunció que el Ministerio Público realizaría una importante incautación antes de que se llevara a cabo.
En ese momento, juristas consultados calificaron las palabras del mandatario como alarmantes.
Que los magistrados de la Corte Suprema estén actuando con temores, ya no es un secreto a voces. Esa es la conclusión a la que han llegado abogados consultados ante los últimos hechos registrados en que se involucra a la administración de justicia.
Para Rogelio Cruz, el fallo que admite una nueva investigación contra el expresidente Ricardo Martinelli es una muestra de los temores que provocan que el exmandatario siga aplazando su retorno al país, al ver que no existen las condiciones jurídicas.
Dijo Cruz que los magistrados están violando las leyes que están encargados de aplicarlas e interpretarlas.
El fallo que admitió la investigación contra Martinelli contó con la aprobación de 7 magistrados principales. Hernán De León asignó a su suplente y Víctor Benavides no se presentó ni su suplente.
Carlos Herrera Morán considera que las manifestaciones del presidente Varela buscan amedrentar a los jueces.
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