El equipo legal de los precaristas que invadieron terrenos en el área de Mocambo recurrirá a los tribunales para lograr establecerse en esta área, a pesar de los esfuerzos de instituciones como la Universidad de Panamá, el Ministerio de Vivienda, la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y la Caja de Ahorros de desalojarlos, señaló el jurista Eduardo Montenegro, representante legal de las familias invasoras.
Señaló que entre las medidas legales se incluye una querella criminal en contra del director del Servicio de Protección Institucional (SPI), Alejandro Garuz, debido a las lesiones personales sufridas por Ezequiel Chávez, quien se encuentra hospitalizado en el Santo Tomás.
Adicionalmente se interpondrá un recurso contencioso administrativo para que se declare nula por ilegal la resolución de la ARI, solicitando el lanzamiento de las personas.
Las acciones también incluyen una demanda por falsificación de documentos al hacer ver que el Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM) es dueño de 30 hectáreas que les fueron asignadas por la ARI.
Al respecto, Montenegro explicó que el CRUSAM perdió el derecho sobre esas tierras, porque la resolución administrativa 244 del 14 de octubre de 1996, establece en uno de sus artículos que este centro educativo tenía un plazo de tres años para la construcción de sus infraestructuras y no lo cumplieron.
