El megaproyecto "sería colocarle un parche, es mezclar el aceite y la fortaleza de grúas y contenedores con la magia de los sueños que el turismo pone en nuestras mentes", dijo Julio Ross, ex administrador de la ARI.
Ross pidió que se demuestre mediante un estudio que el efecto en la economía será mayor que la inversión en turismo existente.
Recordó que con una inversión millonaria, en 1996 se concluyó el "Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal", y que ese estudio fue la base para que la ARI realizará las ventas y asignaciones de tierras para inversiones turísticas millonarias.
Durante su administración se promovió el desarrollo turístico de estas tierras y se recibieron propuestas formales. Al momento de su salida, ya se estaban analizando varios proyectos millonarios.
Visto de esta manera, Ross no considera conveniente para los mejores intereses del país, la construcción de un megapuerto dentro de un área donde hace muchos años
Roberto Alfaro, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, recordó que el estudio financiado en 1997 por el gobierno Japonés sobre el puerto de Balboa, al igual que el estudio de Moffatt y Nichol (M&N) del 2005 sobre un terminal en Palo Seco, dejan claro que no hay en estos momentos cabida para otro puerto en el Pacífico.
"No nos hemos gastado aún el jugoso cheque, ni la empresa ha terminado las expansiones, cuando anuncia la AMP esta nueva concesión portuaria al otro lado del puente, para mí eso no tiene ni pie ni cabeza", agrega Alfaro.
En tanto, el ex administrador de la AMP, Jerry Salazar, advirtió que si el tema no es tratado con seriedad podría convertirse en un monopolio, pues el país no cuenta con una estructura logística como dragados y ferrocarriles, cuyos costos de construcción podrían superar los del propio megapuerto.
Según el parlamentario oficialista las cifras obtenidas del informe Análisis de la situación de Salud en Panamá, emitido por la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Regional de la OPS y el MINSA; señala que el 46% de muertes en Panamá es debido a causas externas de mortalidad y dentro de estas, las mayores tasas son debidas a los accidentes de transporte terrestre.
Estimó que este factor también está ligado a los estudios de la cantidad de alcohol que se ingiere y que no hay un límite seguro, ya que un solo trago de bebida alcohólica puede afectar al conductor de un vehículo.
Planteó la necesidad de tomar medidas administrativas, de divulgación y educación, además de mayores sanciones judiciales y la mejora de los sistemas de transporte público alternativos.
Otras recomendaciones fueron: la reducción de la disponibilidad de alcohol en las zonas próximas a las vías, así como la detección y la rehabilitación y reinserción del conductor reincidente en manejar ebrio.
