El ex rector de la Universidad de Panamá (UP), Julio Vallarino, está en la mira de las autoridades judiciales.
El Ministerio Público inició una investigación en su contra en el 2002 por desvío de fondos del presupuesto, pero no fue hasta la semana pasada cuando el caso volvió a cobrar vigencia.
El Juzgado Séptimo Penal de Circuito solicitó, entre otros aspectos, el informe de auditoría elaborado por la Contraloría y que lleva la firma del ex jefe de las finanzas públicas, Alvin Weeden, al expediente instruido para analizar la información.
La auditoría revela que hubo anomalías en estas operaciones que se hicieron de manera sistemática, con la finalidad de nombrar más funcionarios que lo permitido en el presupuesto asignado.
El informe aparentemente no fue enviado a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), porque en la auditoría no se determinó que hubo lesión patrimonial a los recursos del Estado. Sólo hubo irregularidades en el desvío de fondos.
Aunque Vallarino, en ese entonces, se defendió alegando que se trataba de una campaña en su contra porque aspiraba a la reelección, la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA) lo denunció penalmente.
La razón, dejaron de cobrar el aumento correspondiente a la segunda escala salarial que representaba 750 mil dólares, lo cual desencadenó un paro de labores por 35 días.
El actual presidente de ASEUPA, Damián Espino, recordó esos duros momentos, señalando que el paro fue levantado porque les pagaron 350 mil dólares con fondos de autogestión.
Los otros 400 mil dólares fueron pagados en la siguiente administración de Gustavo García De Paredes.
Precisamente, García De Paredes fue asesor de Vallarino, pero inesperadamente las relaciones entre ambos se esfumaron porque los dos tenían claras aspiraciones de dirigir la UP.
En las elecciones García De Paredes superó ampliamente a Vallarino.
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