De acuerdo con una fuente ligada a las investigaciones, en el expediente consta que en declaraciones de Rafael Quintero, uno de los sindicados, éste asegura haber recibido dinero de Jacob Garzón, quien labora en el Ministerio de la Juventud, y le aseguraba que los fondos entregados provenían de una partida de esa institución.
También la fuente precisó que actualmente Garzón labora como jefe de Compras en el Ministerio de la Juventud. A la vez estaría involucrado en el nombramiento de Landerino Martínez, quien fuera conducido a la Fiscalía Anticorrupción por haber recibido un cheque proveniente de los fondos del BNP.
Se informó que desde el arresto de la red acusada de sustraer la suma de B/.1.1 millón del BNP se ha logrado el secuestro de 15 propiedades y seis vehículos que pueden tener un valor superior a los B/.100,000.
Una de las residencias secuestradas se encuentra en el área de Gorgona, Chame, que se presume fue adquirida con dineros provenientes del BNP. También se investiga otra serie de propiedades y bienes muebles pertenecientes a los 45 sindicados dentro de este proceso.
Explicó que el BNP se encuentra en el proceso de reformulación de la querella presentada ante la fiscalía, para lograr una vinculación directa de cada uno de los imputados y que no puedan utilizar estrategias legales para evitar un proceso judicial.
Paralelamente dentro de estas sumarias se descubrió la existencia en algunas notarías de unos mil formularios de pago de impuesto por el traspaso de bienes muebles e inmuebles cuyas escrituras y sellos falsos con los que se vincula a pasantes y bufetes por la evasión de unos B/.5 millones.
Hasta ahora la investigación se ha realizado sólo en unas cuatro notarías que operan en el área metropolitana, pero se presume que las irregularidades se han cometido en otros despachos que operan en la ciudad de Panamá y en el interior del país.
Adelantó que estas actividades atentan contra todos los panameños que procuran un mejor país.
Recalcó que es hora que se tomen medidas para corregir los problemas estructurales que existen en la CSS, donde desde el año pasado se registra déficit.
Mediante la otra addenda del 28 de marzo de 2003 se modifica el numeral 7 de la cláusula cuarta que señalaba que la empresa tenía el derecho de hipotecar, pignorar o en cualquier forma gravar el contrato, no por un periodo mayor a su vigencia, siempre y cuando cuente con la autorización del Municipio.
Cabe señalar, que El Panamá América tuvo acceso a copias de las addendas y ambas están firmadas por el alcalde de San Miguelito, Rubén Darío Campos, el gerente general de REVISALUD, Juan Guillermo Vélez, y el refrendo del Contralor de la República. La empresa REVISALUD, aparte de los problemas con el contrato, tiene una elevada cartera morosa, indicó Hernando González, director comercial de la empresa.
González sostuvo que en ningún momento REVISALUD ha aumentado las tasas de aseo y son las mismas que encontraron al momento de la concesión. Un 52% de la facturación en el distrito de San Miguelito corresponde a usuarios de estratos bajos, a los que se les factura entre B/. 1.75 y B/. 5.60 mensuales, explicó González.
Además, las tasas de aseo que se facturan están establecidas por el Decreto Ejecutivo 165 de 1999 que estableció las tasas de aseo para el área metropolitana, San Miguelito y Colón.
De acuerdo con González, la facturación total de la empresa es de B/. 452,000 y no B/. 900,000 o un millón como han señalado algunas personas, y de eso sólo se recauda mensualmente B/. 285,000 que corresponden a un 63% de lo que se factura.
Los usuarios a quienes se les factura B/. 1.75 y 5.60 presentan una morosidad del 81%, es decir, que sólo el 19% mantiene su cuenta al día.
Los usuarios comerciales en San Miguelito son 220, 000 y tienen una facturación aproximada de B/. 12.00, de los cuales un 33% presenta deudas.
González indicó que en estos dos años de servicio hay aproximadamente 58,000 usuarios que facturan. De ese total, 40,798 están morosos y 17, 000 pagan su tasa de aseo puntualmente.
Además, hay usuarios que deben todos los meses desde que la empresa inició labores.
Por lo tanto, REVISALUD ha iniciado procesos para tratar de recuperar la cartera morosa, porque tiene obligaciones de tipo social, fiscal y económico, se explicó.
