La incautación de bienes estatales por parte del Fondo de Inversión Social (FIS) a fundaciones privadas y políticos que realizaban proselitismo con los mismos "no es caso cerrado", manifestó ayer Adonai Ríos, director de esta institución.
Ríos sostuvo que en estos momentos se encuentran en la etapa de auditar los bienes incautados, para luego entregar un informe a la Contraloría General de la República (CGR).
"Para enviar una auditoría a la Contraloría, primero tengo que terminarla", acotó.
Según el funcionario la disponibilidad de la información que se recaude en las investigaciones determinará cuándo entregarán las auditorías a la Contraloría.
No obstante, resaltó que se le está haciendo difícil obtener toda la información, ya que algunos proyectos son muy complicados de indagar por su naturaleza.
Cabe destacar que la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Alma Montenegro de Fletcher, en una nota solicitó información a Ríos sobre lo investigado.
Sin embargo, el director del FIS señaló que una vez concluya las auditorías enviará la información a las partes interesadas.
"Yo no puedo ser irresponsable, enviando auditorías a medias", añadió.
Las autoridades admiten que en los puestos de control ubicados en Paso Canoa, Río Sereno y Guabito la vigilancia es defectuosa y se requiere de más personal y equipo para controlar el movimiento de personas.
Sólo en la garita de Jacú las autoridades han tenido en los últimos meses indocumentados de origen cubano, chinos y colombianos que han intentado evadir el puesto de control utilizando un camino que pasa por la comunidad de Aserrío.
En otras ocasiones, los indocumentados son abandonados a su suerte en las playas, como ocurrió en una ocasión e la bahía de Panamá y en el área de Monagre, en Los Santos.
Arriesgan su vida, no temen a ser asaltados, abandonados, detenidos o deportados. Su objetivo es llegar a Estados Unidos y alcanzar su sueño: una vida mejor.
Los expertos coinciden en que la ruta más peligrosa es atravesar las trochas de Darién, en donde existen grupos de bandoleros, paramilitares y guerrilleros que pueden despojar a los ilegales de sus pertenencias y hasta quitarles la vida.
A pesar de las restricciones aplicadas en las fronteras y el mayor número de agentes dedicados a las tareas de vigilancia en todos los países, el flujo de migración ilegal hacia el Norte no se ha detenido en los últimos años.
