El fiscal segundo anticorrupción, Daniel Batista, reveló ayer que se han girado 184 órdenes de impedimento de salida del país contra ex jueces, funcionarios judiciales y particulares involucrados en el cobro de embargos ilegales ejecutados a través de varios juzgados de Chame, Arraiján y Colón.
Aseguró que dentro de la investigación se pudo acreditar que los jueces, funcionarios judiciales y particulares se asociaron para la ejecución de lesiones por el orden de los B/.2,432,076 en concepto del 3% dejado de cobrar por la Contraloría General de la República por el manejo de los descuentos.
Precisó que los jueces bajo investigación ejecutaron notas de embargo contra 184 personas a las que se les hicieron descuentos de sus salarios bajo el argumento de compra de equipos o préstamos hechos a través de mueblerías y financieras.
Explicó que actualmente existen seis abogados, tres ex jueces, tres secretarios y otras 184 personas bajo investigación. Añadió que las sumarias tienen en la actualidad unos 47 tomos y constituyen una de las investigaciones más voluminosas adelantadas por el Ministerio Público.
Añadió que dentro de esta averiguación se ha ordenado la ejecución de múltiples diligencias de indagatorias, auditorías a la Contraloría General de la República y un informe a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) para determinar los alcances de las irregularidades encontradas.
Detalló que las sumarias se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la Caja de Seguro Social (CSS) en donde se determinó la ejecución de presuntas irregularidades en las notas de embargo expedidas por los juzgados.
Entre los ex jueces bajo investigación se encuentran Maribel Estribí de Abrego, Domitilo Lasso y Gilberto Ryall. También figuran varios abogados y dueños de mueblerías, quienes presuntamente se prestaron para la ejecución de las notas de embargo.
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