El fiscal segundo de Drogas, Patricio Candanedo, reveló que está a la espera de un examen grafológico ejecutado a las órdenes de compra con las que se adquirieron 3,000 fusiles AK-47 de la Policía de Nicaragua, para determinar su autenticidad.
Candanedo explicó que se ha logrado recoger una gran cantidad de información sobre el trasiego de estos AK-47, que quedaron en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Agregó que también se ha solicitado información a las autoridades colombianas sobre este hecho.
Detalló que este informe debe ser entregado en los próximos días a su despacho y de acuerdo a los resultados de esta evaluación se adoptará una decisión para tomar las declaraciones a las personas presuntamente vinculadas.
Agregó que ha recibido información procedente de México sobre la salida de la embarcación Otterloo de puertos mexicanos y de su escala en el puerto de Rama, Nicaragua, en donde fueron embarcadas las armas.
Una fuente ligada a las investigaciones indicó que en el puerto nicaragüense los contenedores que contenían pelotas de plástico fueron reemplazados por otros llenos de armas, y luego fueron desembarcados en Turbo, Colombia, como si se tratara del embarque original.
Explicó que también se ha solicitado una certificación a las autoridades colombianas tras una declaración pública hecha por el jefe de la AUC, Carlos Castaño, quien admitió que el trasiego de este armamento había sido uno de sus mayores logros.
Castaño, en una publicación realizada por el diario El Espectador de Colombia, admitió que el embarque manejado por el Otterloo fue recibido sin ninguna dificultad y que este material había sido adquirido para reemplazar pérdidas sufridas en enfrentamientos con la guerrilla.
Hasta ahora en esta investigación se ha mencionado a la empresa guatemalteca GIRSA, que actuó como intermediaria y propiedad del ciudadano israelí Oris Zoller. Aquí también se mencionó a los ciudadanos panameños Shimon Yelinek y Marco Shern.
