La declaración de un miembro de la Policía Nacional que reveló la existencia del pago de coimas en la cárcel de Tinajitas por la alteración de los registros de entradas y salidas de los reos beneficiados con permisos laborarles, originó la apertura de una investigación.
Un cabo de la Policía que investigó el asesinato del colombiano Roberto de Jesús Villegas declaró ante la fiscal segunda superior, Goemara de Jones, que dentro de la cárcel de Tinajitas se cobran coimas a cambio de alterar la información sobre los reos.
El cabo Enrique Hayen encontró una serie de irregularidades en el registro de los permisos de entradas y salidas del recluso Manuel Castro Pinzón, quien gozaba de un permiso laboral, y se le investigó por su presunta relación con la muerte de Roberto de Jesús Villegas.
Dentro de su declaración, Hayen alegó que algunos registros eran alterados y que otros se encontraban en blanco, por lo que debían existir serias irregularidades en el control de las entradas y salidas de los reos.
El propio procurador José Antonio Sossa solicitó la anulación de todos los permisos laborales a reclusos, tras establecerse que algunos de sus beneficiarios eran reos condenados por delitos graves como homicidios y robo.
No obstante, a pesar de la petición elevada por Sossa el Ministerio de Gobierno y Justicia decidió mantener los permisos labores y de estudio a los reclusos que calificaran para ello, bajo el argumento que es necesario lograr la resocialización de quienes delinquen.
La investigación se ha orientado a determinar si realmente los custodios de Tinajitas realmente cobraron dinero para alterar las horas de entradas y salidas de los reclusos beneficiados con permisos laborales.
