La investigación por la supuesta divulgación de correos electrónicos del presidente de la República, Ricardo Martinelli, pasó a manos de la fiscal especializada en delitos contra la propiedad intelectual, Nayra Fernández.
El caso fue remitido por la Procuraduría General de la Nación a esta fiscalía, debido a que las personas mencionadas son civiles.
La denuncia la presentó Ana Belfon, asesora jurídica de la Presidencia de la República, el pasado mes de diciembre, luego que la excandidata presidencial Balbina Herrera mostró en un medio televisivo supuestos correos electrónicos que Martinelli intercambió con el italiano Valter Lavítola, en los que presuntamente se habló del contrato con Finmeccanica para la compra de los mapas, radares y helicópteros.
Herrera reveló correos que supuestamente escribieron el secretario privado del mandatario, Enrique De Obarrio, y Lavítola, en los que pedía la custodia de un SPI y un vehículo. La denuncia expone que se hizo pública correspondencia electrónica no sujeta a divulgación, y cuya autenticidad se desconoce.
