El Consejo Municipal de San Carlos, a través de una comisión, investigará la denuncia de los pescadores artesanales de Playa Ensenada, sobre la colocación de una cerca por parte de la Inmobiliaria La Ensenada.
Sobre el particular Mario Aguilar, representante del corregimiento de San Carlos Cabecera y miembro de la comisión investigadora, indicó que el tema será discutido durante una reunión a la que se ha convocado a la Procuraduría de la Administración y la Autoridad Marítima de Panamá.
Igualmente, han sido invitados los pescadores artesanales junto a su abogado, el Dr. Silvio Guerra, y por parte de la Inmobiliaria La Ensenada, Janeth Marhain, y la Dirección de Catastro; además de la Alcaldía, Corregiduría y Defensoría del Pueblo.
Durante la pasada semana la Defensoría del Pueblo había intentado efectuar la verificación de los puntos que marcan la propiedad de Inmobiliaria La Ensenada, lo que no fue posible debido a la oposición de los pescadores artesanales.
No obstante, el representante Mario Aguilar advirtió que a quien corresponderá tomar una decisión final es al alcalde del distrito, Emilio Salazar, pues se trata de un asunto estrictamente administrativo, por lo cual la comisión solo presentará el resultado de su investigación.
Aún no se ha confirmado la fecha exacta de la reunión, que se realizaría en el edificio del Consejo Municipal.
Inmobiliaria La Ensenada procedió a levantar la cerca basándose en el plano de la finca madre, número 5755 inscrita en el rollo 17433, documento 9, la cual comprende 21 hectáreas más 9 mil 500.00 metros cuadrados.
Esta empresa ha solicitado al Estado una concesión de 7 mil 462 metros de área de playa, frente a sus terrenos, para la realización de una proyecto turístico. Esta solicitud aún está en trámite.
Los pescadores esgrimen en su derecho el artículo artículo 255 de la Constitución Nacional que indica "pertenecen al Estado y son de uso público y por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada: el mar territorial y las aguas lacustres fluviales; las playas y riberas de las mismas, ni los ríos navegables, los puertos y esteros".
Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la ley.
No obstante, la abogada de Inmobiliaria La Ensenada, Janeth Marhain, ha indicado que se trata de una finca adquirida en 1922, cuando las leyes permitían constituir fincas hasta el mar, lo cual fue modificado con la Constitución de 1941, que retraía los límites 22 metros atrás, lo cual debe ser explicado.
Cabe señalar, que de ser desalojados los pescadores, más de 600 personas quedarían sin trabajo.
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