El director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Rodolfo Aguilera, confirmó ayer el traslado de la jefa de la División de Permisos de Armas y otros dos detectives hasta la culminación de las pesquisas por la concesión irregular de autorizaciones para el uso de armas de fuego a personas con antecedentes penales.
Aguilera dijo que se ordenó una auditoría dentro de la citada división para establecer cuántos permisos habían sido otorgados de esta manera y determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios bajo investigación.
Precisó que la investigación se inició luego de detectar la expedición de un permiso de arma a un ciudadano que presentaba varios sobreseimientos y una condena. Agregó que tras una revisión detallada se estableció que el documento nunca fue remitido a Asesoría Legal de la PTJ para su correspondiente revisión.
Explicó que a raíz de ello, se determinó realizar una auditoría de todos los permisos de armas expedidos en los últimos meses y determinar cuántos habían sido otorgados sin transitar por los procedimientos legales.
Según Aguilera esta situación ha originado una investigación interna de todos los permisos de armas concedidos, y el análisis de las actuaciones de todos los funcionarios y detectives que laboran dentro de esa división.
El pasado año unos 25 funcionarios de la PTJ fueron destituidos de sus cargos por la comisión de diversas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. También algunos casos fueron remitidos al Ministerio Público en donde se les abrieron procesos penales.
De igual manera se dispuso la rotación de la mayor parte del personal de la institución, y en este proceso se ordenó la jubilación del 10% del personal de esa institución de investigación.
