El defensor del pueblo, Italo Antinori se declaró impedido de investigar los despidos de los periodistas Manuel ¡lvarez Cedeño y Vilma Figueroa, suscitados en el diario La Prensa, por ser ésta una entidad privada.
Según Antinori, existen varios aspectos que no han sido bien manejados y que deben ser aclarados cuanto antes, ya que los argumentos presentados se contradicen entre sí.
Explicó el defensor del pueblo que la ley que rige a la entidad le impide realizar alguna acción contra un ente privado.
No obstante, aseguró que dentro de la queja que se presentó ante la Defensoría del Pueblo se estableció que se había atentado contra los derechos humanos y otros principios elementales de la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión, por lo que resolvió admitir la denuncia por violación de las supuestas garantías ciudadanas.
Reiteró que la ley no lo faculta para investigar entidades privadas, mas no así las del Estado, por lo que explicó que en el caso del periodista peruano y directivo asociado Gustavo Gorriti, la situación fue distinta, ya que se trataba de una situación que atañía expresamente a una entidad del Estado.
Antinori admitió la querella de los periodistas, ya que atenderá lo concerniente a la aparente violación de los derechos humanos, en donde tiene competencia legal.
Al admitir la querella, la Defensoría del Pueblo iniciará las investigaciones, porque desde el momento que se prescinde de los servicios de Cedeño y Figueroa, se violaron los derechos humanos de los afectados.
Igualmente explicó el porqué apoyó el caso del peruano Gorriti, y argumentó que de acuerdo a la ley que norma en la Defensoría del Pueblo, está en capacidad de investigar y atender tanto a nacionales como a extranjeros.
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