Los consumidores no encuentran respuestas en el Ente Regulador de los Servicios Públicos, "porque se trata de un organismo que no tiene sentido de representatividad y debe ser reformado".
Así lo interpreta la Unión Nacional de Consumidores de la República de Panamá (UNCUREPA) y lo reafirma el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, al sostener que la ciudadanía tiene la percepción de que se trata de un organismo "inoperante".
Según Tejada, el problema del Ente no necesariamente obedece a una situación de índole legal, sino más bien a la distorsión de los propios comisionados en cuanto a su papel, "que es regular el mercado y evitar los abusos y excesos hacía el ciudadano".
No es un buen tiempo para los consumidores panameños. Las malas noticias son cosa de todos los días y los usuarios se sienten indefensos, desprotegidos, encerrados en un jaque mate legal que los deja abandonados a su suerte.
¿Y ahora, quién podrá ayudarnos? Se preguntan mientras miran con sospechas a la única herramienta creada para protegerlos. Y les sobran motivos, porque el Ente Regulador de los Servicios Públicos aparece una vez más en el ojo de la tormenta.
Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores de la República de Panamá UNCUREPA, lo dice claramente: "El Ente Regulador lejos de defender a los consumidores, "está protegiendo la depredación de la economía por parte de la empresas privatizadas".
La dura acusación no sale sólo de su imaginación, recientemente, un alto directivo del ERSP, clavó otra espina en el corazón del organismo al poner en duda la verdadera intención del Estado de defender a los consumidores. Víctor Juliao presentó su renuncia al Ente y señaló que el Estado es accionista de la mayoría de las empresas privatizadas, y lo que quiere es ganar de sus dividendos, por lo que se generan choques con el Ente.
La reacción del funcionario colocó al Ente en el medio de una nueva polémica donde una vez más se puso en duda su objetividad y transparencia. El legislador Elías Castillo le echó más leña al fuego y señaló la ley de creación del Ente necesita cambios urgentes y reclamó que lo primero debe ser quitarle el subsidio o porcentaje que recibe de las empresas privatizadas.
Castillo, como muchos otros panameños, interpreta que si el organismo recibe dinero de las empresas privatizadas actúa como juez y parte y pierde objetividad para cumplir su función.
El punto de vista del representante de los consumidores es compartido por el abogado y miembro de UNCUREPA, Giovani Fletcher, quien señaló que tanto la ley 26 y 29 de 1996 requiere profundas modificaciones que adecuen el sistema jurídico de protección a los consumidores a la realidad actual.
Las modificaciones que señala van desde la estructura administrativa hasta la creación de un Procurador del Consumidor.
Para Fletcher la estructura del ERSP no esta diseñada para ser coparticipe o ser defensora de los derechos de los consumidores porque "ni siquiera hay un departamento o una dirección de protección a los usuarios".
Lo que existe es una oficina de quejas o reclamos de clientes que tiene la mera función de tramitar la queja, no hay oficias internas con mando y jurisdicción que tenga que ver con el tratamiento y seguimiento en la política a favor de los usuarios.
"El posible origen del problema radica en que no hay sentido de representatividad, porque los altos directivos de la entidad son elegidos por el Ejecutivo y no surgen de ternas presentadas por el Estado, usuarios y empresa privada, los tres estamentos fundamentales que tienen que ver con el problema", señaló.
A su criterio, con estos tres estamentos se garantizaría desde un principio un mayor sentido de representatividad y correspondencia.
Según Fletcher, el actual ERSP es totalmente técnico, no tiene un sentido protector hacia los usuarios sino que trata de desligarse de la figura, y como técnico trata los problemas reales de la sociedad.
Coincidiendo con este reclamo el renunciante funcionario del ERSP, Víctor Juliao, consideró que a la ley del Ente Regulador hay que reformarla integralmente para que en verdad ejerza las funciones para las que fue creado, que son la fiscalización, regulación y control de las empresas de auditoria pública.
Dijo que esta entidad requiere mayor fuerza de ejecución y eso es algo muy difícil de conseguir, pues a pesar de imponer sanciones a los agentes del mercado, no puede cobrarles al no poseer un juez ejecutor.
"Los agentes del mercado se ríen de las multas que les ponen porque las reconsideran y cuando fallan en contra se van a la Corte y ahí se duerme dos a cuatro años y se burlan de la sanción que impuso el Ente", consideró.
Además, cuestionó la falta de un sistema de compensación para los trabajadores, incluyendo evaluaciones anuales o aumentos por méritos con promociones de puestos con mayor envergadura y jerarquía, pero consideró que difícilmente los gobernantes vayan a querer aplicar una reforma.
El Ente no tiene una capacidad técnica para competir con las empresas privadas, que esquivan su responsabilidad, señaló.A través de la Ley 26, del 29 de marzo de 1996, se crea el Ente Regulador que tiene a su cargo el control y fiscalización de los servicios públicos, con sujeción a las disposiciones de esta Ley y las respectivas normas vigentes sectoriales en materia de servicios públicos.
