La procuradora de la Nación encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, se sumó ayer a la disputa existente con el jefe de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Alejandro Moncada, y advirtió que este funcionario debe respetar las decisiones del Ministerio Público, aunque reconoció su derecho a pedir opiniones a la Corte Suprema de Justicia sobre cualquier decisión.
Sostuvo que Moncada está en plena libertad de solicitar a la Corte Suprema una interpretación y alcance de órdenes que reciba de parte del procurador José Antonio Sossa cuando tenga dudas, pero advirtió que ello no significa que no deba cumplirlas.
La funcionaria detalló que el recurso de interpretación presentado la semana pasada por Moncada ante la Corte, sobre los cambios ejecutados en la dirección del Centro de Recepción de Denuncia, no suspende la efectividad de las órdenes, por lo que éste debe cumplirlas obligatoriamente.
Aseguró que la designación de un delegado de la Fiscalía Auxiliar como jefe del Centro de Recepción de Denuncias no es un capricho de Sossa, ya que a través de esa instancia se pretende implementar la Ley del Principio de Oportunidad y sin la ayuda de un funcionario de instrucción la PTJ no puede implementarla.
Planteó que el Centro de Recepción de Denuncias no es una sección de la PTJ, como quiso hacer ver Moncada, debido a que esta entidad es una creación y un auxiliar del Ministerio Público.
Alegó que la PTJ debe tener como meta la efectividad de la administración de justicia y la consulta elevada por Moncada a la Corte, sólo provoca un retraso en el manejo de los procesos judiciales.
El procurador de la Nación y el director del la PTJ han mantenido en los últimos meses una serie de diferencias, que han provocado tirantez entre varios funcionarios de ambas instituciones.
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