El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Juan Jované, dijo ser partidario del aumento de las multas que se impongan a las empresas que evadan el pago de la cuota obrero patronal.
Advirtió que esto es parte de las propuestas presentadas en la mesa del diálogo por la CSS. Destacó que según las últimas cifras obtenidas por la CSS, existen aproximadamente 40 mil trabajadores que no han sido reportados por las empresas en las que laboran, cifra que pudiera llegar hasta 120 mil.
Sostuvo que a diferencia de la retención indebida de fondos, que es considerado como un delito, la evasión del pago de la cuota obrero patronal carece de cualquier sanción, razón por lo que debiera ser elevado al rango de delito penal, especialmente porque se juega con la vida y la salud de los trabajadores.
Enfatizó que los contratos por servicios profesionales, al igual que los gastos de representación, deben estar sujetos al pago de la cuota de Seguro Social. Según cálculos de la CSS y tomando en consideración los cinco últimos años las perdidas pudieran rondar los B/. 300 millones, tomando en cuenta a trabajadores con el salario mínimo.
En tanto, en igual cantidad de años y con un salario promedio la cifra aumentaría a B/. 900 millones. Jované dijo tener esperanzas de que una vez se aprueben todos los temas contemplados en la mesa del diálogo por la CSS, se pueda elaborar un proyecto de ley que sea enviado a la Asamblea Legislativa.
Aclaró que las partidas se incluyen en el presupuesto del MEF y que su ejecución es fiscalizada por la Contraloría General de la República como sucede con todos los fondos del Estado.
Durante el último año en el que se ejecutaron las partidas circuitales se creó el Programa de Desarrollo Social (PRODESO), oficina que estuvo a Cargo de José Vence, quien fuera el último director del Fondo de Inversión Social (FIS) durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
Vence explicó que ante los cuestionamientos que se hacían por la ejecución de las partidas, la misma Asamblea Legislativa decidió poner un orden en el uso de las partidas circuitales" que dio lugar a un acuerdo para la reglamentación del uso de estos fondos.
Durante el último año de ejecución de las partidas circuitales, se estableció que a más tardar el 31 de marzo de cada año, los legisladores debían presentar un informe de la ejecución de sus proyectos de desarrollo social del año inmediatamente anterior.
Según Vence, se estableció que al legislador que no presentara el informe no se le haría el desembolso de su partida circuital del año en curso, lo cual permitió un control bastante efectivo sobre el uso de estos fondos.
También se dispuso en las reglamentaciones que las adjudicaciones de los proyectos de desarrollo social se regirán por la Ley 56 de 1995 (Contratación Pública), a excepción de los que se ejecuten en los municipios, los cuales se regirán por sus leyes especiales, además los fondos de los proyectos sería destinados y ejecutados principalmente en el circuito electoral que representa el legislador. No obstante, podrá utilizarse para invertir en proyectos de carácter provincial o nacional, hasta un máximo del 25 %.
Estas fueron sólo algunas de las normas incluidas en la reglamentación para el uso de las partidas, los legisladores que abogan por el restablecimiento de las partidas circuitales han planteado que se puede incrementar la fiscalización en conjunto con la Contraloría de la República para evitar el mal uso de estos fondos.
