El director general de la Caja de Seguro Social, Juan Jované, pidió cautela
ante las reformas que sugirió el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la institución y sostuvo que cualquier cambio debe ser el resultado de una decisión propia de los panameños, sin que haya presiones foráneas.
De acuerdo con la Carta de Intenciones pactada por el gobierno con el FMI, hay que hacer reformas a la CSS porque las contribuciones son insuficientes para cubrir los egresos por pago de jubilaciones y pensiones, lo que en el futuro podría ocasionar un colapso.
Jované rechazó que las reformas a la CSS involucren un aumento en la edad de jubilación o que las mismas se introduzcan por presiones de los organismos internacionales como condición para otorgar préstamos al país.
En tanto, el dirigente sindical, Mariano Mena, precisó que los panameños están capacitados para introducir las reformas y que así se lo han hecho saber al gobierno, al tiempo que advirtió que el manejo de las relaciones de Panamá con los organismos internacionales de crédito son contrarias a las promesas hechas por la presidenta Mireya Moscoso en su campaña electoral.
Expresó que el contenido de la Carta de Intenciones es un irrespeto a la CSS, que es una entidad autónoma , de allí que no es conveniente crear una comisión especial para revisar la estructura orgánica de la institución.
Según, Roberto Lombana, quien representa al sector empresarial en la Junta Directiva de la CSS, en esa instancia está representada toda la sociedad civil y no hay que buscar más.
Por su parte, el contralor general de la República, Alvin Weeden, señaló lo se busca es reestructurar la institución, pero sin privatizarla a fin de garantizar la continuidad de las pensiones y jubilaciones, así como todas las atenciones que se brindan.
En cuanto al Banco Hipotecario Nacional, se dio a conocer que el gobierno debe presentar a la Asamblea Legislativa el próximo 15 de diciembre la ley para eliminar dicha entidad.
Al respecto, el gerente general, Waldo Arrocha, estimó que la institución no debe eliminarse, sino reestructurarse para que funcione como una entidad de fomento de la vivienda para atender las necesidades de los sectores más urgidos de una respuesta.